Para solucionar conflicto minero, tras reactivación de huelgas en Chumbivilcas, Cusco.
La Presidencia del Consejo de Ministros anunció la instalación de dos mesas de diálogo, una para el 21 de agosto en el distrito de Ccapacmarca y la otra el 28 de agosto en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas, en la región Cusco.
Ambas buscarán consensos respecto al reinicio de los reclamos de la ciudadanía en torno al Corredor Minero del Sur.
En comunicado de la PCM, se explicó que en ellas “se abordarán las demandas planteadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas (FUDICH)” .
Se indica también que la Presidencia del Consejo de Ministros respalda y tiene voluntad política para alcanzar consensos e implementar los acuerdos a los que se llegue durante el diálogo.
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“La PCM continuará promoviendo el diálogo y el trabajo conjunto con todos los sectores del país, escuchando las demandas más urgentes e impulsando soluciones en beneficio de toda la ciudadanía”, se lee en el documento.
Demandas de las comunidades
En diálogo con Radio Exitosa, el exdirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (FUDICH), Carlos Quispe, pidió al primer ministro, Guido Bellido, atender los reclamos de las comunidades campesinas.
“Lo que podríamos decirle [al primer ministro] es que tendría que evaluar y dar la solución respectiva a este problema. Esta es una demanda de años que se viene arrastrando, las comunidades estamos para dialogar y el premier está para resolver este problema en Chumbivilcas“, dijo.
Las comunidades solicitan que se respete el derecho a la consulta popular y el respeto a la propiedad, luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convierta caminos comunales en vías nacionales, por donde transitan los vehículos de la minera Las Bambas.
Además, solicitan la compensación por daños y prejuicios ambientales; el pago de los derechos se servidumbre minera; ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera en cuestión; y la no criminalización de las protestas.
