Luego de que los comuneros atacaran el puesto de vigilancia en Cuajone, la minera invocó una vez más a los representantes de la comunidad, a que cesen los actos delictivos y de intimidación.
En relación a los recientes acontecimientos difundidos en medios de comunicación y redes sociales, Southern Perú Copper Corporation informa a la opinión pública que en las primeras horas de este domingo 27 de marzo, decenas de pobladores de la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala realizaron una incursión en las inmediaciones de la garita de control de Viña Blanca, muy cerca al ingreso de la Unidad Minera de Cuajone.
El grupo de integrantes de la comunidad atacó con piedras al personal de vigilancia y prendió fuego a los arbustos cercanos a la garita de control.
No se registró ningún enfrentamiento, ni tampoco daños personales a trabajadores de la compañía, quienes se mantienen alertas ante la posibilidad de nuevas incursiones.
Minutos más tarde, luego del retiro del grupo de la comunidad, se pudo constatar en el sitio con la oportuna intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú, que se apoderaron indebidamente de los equipos de radio comunicación de la garita de vigilancia y otros daños que fueron reportados a las autoridades policiales y del Ministerio Público.
Al momento, ya son 28 días que las más de cinco mil personas residentes en Cuajone, entre trabajadores, familiares y contratistas, no cuentan con el servicio regular de agua por la toma de la válvula del reservorio de Viña Blanca por parte de la comunidad.
Tampoco se puede abastecer los comedores y el hospital de Cuajone, que ha reportado un incremento de 50% en casos de enfermedades estomacales.
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De igual forma, las operaciones se mantienen paralizadas desde el 28 de febrero por la toma de la válvula de agua y el bloqueo de la vía férrea por parte de la comunidad, lo cual genera un serio perjuicio al empleo y pérdidas diarias de más de 8 millones de soles.
Desde Southern indicaron que «la reanudación del flujo del agua y del servicio del ferrocarril son prioridades para el cuidado de la salud y el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias, así como una garantía para la protección de su fuente de empleo».
«Reiteramos nuestro llamado a las autoridades del Estado, a la Defensoría del Pueblo y a todas las entidades competentes, para continuar con los esfuerzos de instalar un diálogo constructivo y apegado a la legalidad, como único camino para la solución de este conflicto», enfatizaron.
En ese sentido, «confirmamos nuestra total disposición a participar en la mesa de trabajo convocada por la PCM, la cual se instalaría en los siguientes días».
«Invocamos una vez más a los representantes de la comunidad, a que cesen los actos delictivos y de intimidación, para que podamos encontrar juntos una solución a este desencuentro que devuelva la paz y tranquilidad en la zona», finalizaron.
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