Entre los departamentos de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos están Tacna con más de S/ 331 millones; seguido de Arequipa con más de S/ 325 millones; y Moquegua con una cifra que supera los S/ 201 millones.
La transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Sur, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron a marzo del presente año más de S/ 1,318 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Sur, – que comprende a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna- contribuye de manera decisiva a la continuidad de las actividades económicas departamentales.
El documento estadístico precisa que solo en las transferencias por Canon Minero para estos departamentos se alcanzó una cifra superior a los S/ 1,178 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores, en beneficio directo de la población.
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Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales al tercer mes de 2022 sumaron más de S/ 137 millones, mientras que por el concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 2.5 millones.
Departamentos que recibieron más recursos
Entre los departamentos integrantes de la Macrorregión Sur que recibieron más recursos en estos primeros tres meses del año se encuentra en primer lugar Tacna con más de S/ 331 millones; seguido de Arequipa con más de S/ 325 millones; en tercer lugar, Moquegua con una cifra que supera los S/ 201 millones; y en cuarto lugar Cusco con más de S/ 188 millones, entre otras.
El MINEM destaca que los recursos generados por la actividad minera constituyen una fuente de financiamiento de vital importancia para los gobiernos regionales y municipales, ya que les permite ejecutar proyectos públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades que se ubican en las zonas aledañas a los proyectos mineros.
