Después de nueve años, Doe Run Perú (DRP) se encontraría a un paso de tener cerrado su proceso de liquidación. Según pudo conocer Gestión, se tiene previsto para la segunda semana de setiembre la Junta de Acreedores de DRP una reunión clave para conocer el plan de liquidación de Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos SCRL, la que contempla la modalidad de “liquidación en marcha” de DRP.
Durante la reunión se evaluará la propuesta inicial, aunque todavía no se concretaría, que se trata de la compra del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), puesto que los trabajadores siempre consideraron la opción de comprar el CMLO, pero el problema era la falta de recursos.
Así, el año 2018 ante la Junta de Acreedores se presentó el inversionista peruano Chrisvic Group, quien a modo de un socio se mostró interesado en invertir para que La Oroya pase a manos de los trabajadores.
La oferta presentada era que Chrisvic Group realizaba un aporte de más de US$ 200 millones para la compra de La Oroya, sin embargo, solo desembolsaba US$ 100 millones. Los otros US$ 100 millones los debían poner los trabajadores.
Para aceptar esta propuesta la Junta de Acreedores solicitó que el inversionista cumpla con ciertos requisitos como acreditar los fondos y que éstos sean legítimos. Sin embargo, a la fecha no ha acreditado ninguno de los requerimientos.
Otra propuesta en marcha
Durante esta reunión clave la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), también deberá decidir si aprueba o no la otra propuesta presentada por la liquidadora de DRP -Carrizales Infraestructura- la cual contempla la transferencia de sus dos activos: el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) ubicado en Yauli (Junín); y la Unidad Minera Cobriza (UMC) situado en Churcampa (Huancavelica).
Si se aprueba esta iniciativa se llevaría a cabo la liquidación en marcha la cual implica que una empresa, en este caso DRP, se encuentra en liquidación; pero aún bajo esta condición continúa operando. De este modo se busca que un inversionista pueda comprar la operación en marcha a través de una subasta.
De no aprobarse este plan, se entiende que se optará por una liquidación simple, en donde se detienen todas las operaciones de las unidades y se empiezan a vender por partes.
Cabe mencionar que las anteriores administraciones han realizado tres subastas previas sin éxito, por lo que el Minem y el Indecopi han señalado que esta es la última opción para optar por una liquidación en marcha.
Ventas por separado
El plan de Carrizales Infraestructura contemplaría la posibilidad de vender las unidades de DRP por separado, de manera que puedan crear dos empresas. Así, se conoció que se propone separar los activos puesto que, a diferencia de La Oroya, la minera Cobriza sí tiene interesados. “Cobriza sí tiene potencial, es la primera vez que se ha hecho un estudio serio de reservas y que ha sido certificado”, reveló a Gestión una fuente cercana a la operación.
En efecto, según el estudio realizado, la minera Cobriza está valorizado en un rango de entre US$ 47.1 millones y US$ 54.2 millones, de manera que la propuesta es realizar la venta bajo Estos resultados de valoración y en el caso de las acreencias laborales del Complejo La Oroya, parte de estas se cambiarán por acciones. Hasta el momento las acreencias laborales ascienden a US$ 160 millones. En el caso de las deudas tributarias y otras provisiones, se procederá a cancelar con los recursos obtenidos.
Según la propuesta, el proceso de liquidación en marcha tiene como foco al trabajador de La Oroya, por lo que recibirían un acompañamiento por dos años, puesto que se ha previsto que La Oroya ya no tiene opción de reactivación. Y es que, si bien este complejo en la actualidad viene funcionando, lo hace de manera parcial. De los tres circuitos que procesa: plomo, zinc y cobre, solo las dos primeras funcionan. Con este escenario, en la actualidad solo operan 150 trabajadores, de los 2,000 que se registraban anteriormente.
Proceso final
La Liquidadora Carrizales consideraría que luego de la venta de Minera Cobriza y el intercambio de acciones por acreencias laborales por el Complejo la Oroya, se solicitará la quiebra judicial de DRP, dando cuenta a la Junta de Acreedores y a Indecopi para luego solicitar los certificados de incobrabilidad a nombre de los acreedores impagos.
De esta manera, continuará la baja de RUC y cancelación de la partida registral de DRP. De aprobarse la propuesta señalada, se prevé que el proceso de liquidación culmine el 31 de diciembre de 2019.
