Según Defensoría del Pueblo, solo el 10% de los conflictos sociales reportados en el Perú son de oposición a la minería.
En los últimos 15 meses, las empresas mineras se han visto obligadas a detener sus operaciones.
Estas medidas de emergencia se han dado por bloqueos ilegales; así como ataques violentos contra sus instalaciones por parte de comunidades.
De esa manera, desde el ingreso de la actual gestión gubernamental, la conflictividad social contra el sector minero se ha venido intensificando.
Otro factor que ha encendido las alertas es la elección de autoridades regionales y municipales que han expresado abiertamente su oposición radical a la minería.
Frente a ello, Rumbo Minero planteó la misión de conocer las opiniones y posiciones del público a través de encuesta sobre el tema.
Así, en @rumbominero se preguntó si la elección de nuevas autoridades regionales y municipales podría acrecentar los conflictos mineros.
Del total de participantes, para el 68.1% sí se prevé un incremento de conflictos mineros por las nuevas autoridades municipales y regionales.
En tanto, el 31.9% manifestó que no estima que los conflictos mineros vayan a acrecentarse.
Solo 10%
Por otro lado, el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, brindó un detalle sobre el tema.
Así, reveló que solo el 10% de los conflictos sociales reportados en el Perú son de oposición a la minería.
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En Perumin35, enfatizó que el 90% restante surge por circunstancias problemáticas que aparecen en forma eventual o permanente y generalmente se resuelven en procesos de diálogo.
“No existen conflictos ambientales puros, sino que es una mezcla de pedidos, en su mayoría reivindicativos, que exigen solución por parte de la población”, comentó.