Jorge Merino, exministro de Energía y Minas, sostiene que este proyecto busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la descentralización de la generación y propiciar el desarrollo industrial de la zona sur del país.
El crecimiento del país en los últimos años ha descansado en un sistema energético, particularmente competitivo en la región, con gran potencial y con una matriz energética diversificada, el cual fue reconocido por el Foro Económico Mundial, que ha clasificado al Perú, en el 2013 y el 2014, consecutivamente, en el primer lugar entre 105 y 124 países (muchos de ellos desarrollados), respectivamente, en lo que se refiere a competitividad y apoyo al desarrollo económico.
Esta matriz debe ser balanceada en función de la dinámica del crecimiento, priorizando el consumo interno, sin que ello signifique renunciar a la exportación en un futuro, propiciando la construcción de más centrales hidroeléctricas y el uso del gas con mayor valor agregado para sustituir al petróleo.
En esa perspectiva, el Ministerio de Energía y Minas encargó a ProInversión procesos energéticos por US$ 3,200 millones en el 2013 y por más de US$ 12,000 millones en el 2014. Sin embargo, no son suficientes las asignaciones de la buena pro, es más importante la ejecución de los proyectos en el menor tiempo posible para impulsar la reactivación económica.
Como parte de esta política, en diciembre del 2012 se aprobó la Ley de Seguridad Energética para hacer viable el Gasoducto del Sur, que busca mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico mediante la descentralización de la generación y propiciar el desarrollo industrial de esa zona del país.
El proyecto integral se inició garantizando la demanda a través del nodo energético, con plantas térmicas en Ilo y Mollendo, a las que se suma, además, el interés de consumidores iniciales, que totalizan 850 millones de pies cúbicos por día, lo que da como resultado un sistema autosostenible.
De otro lado, el inicio de la producción de los yacimientos de gas de Camisea y la construcción del gasoducto, en el 2004, que aportó a la competitividad y a la consolidación de la matriz energética, así como al inicio de la masificación del gas, a través de redes de conexión domiciliaria en Lima, Callao e Ica, fue posible con la creación de la garantía de red principal (GRP) para su financiamiento, la cual consistió en un mínimo incremento de la tarifa del servicio de electricidad a todos los peruanos. Ese mismo sistema es aplicado hoy para construir el Gasoducto Sur Peruano.
Es por esta razón que a partir del 2012 se ha dado el mayor impulso y atención al uso del gas en beneficio de la población. De las 50,000 conexiones que existían al 2011, a la fecha se han alcanzado 220,000, siendo 480,000 conexiones la proyección al 2016. Los impactos económicos son sustantivos al comprobar que en Lima Metropolitana miles de usuarios pagan entre 8 y 14 soles mensuales por consumo de gas. Este beneficio tenía que hacerse extensivo al resto del país.
Por ello, mediante la Ley Nº 29852, publicada en abril del 2012, se creó el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), por el cual los sectores más pobres se benefician con un bono de S/.16.00 para la compra de un balón de gas. Este beneficio debe alcanzar el millón de hogares a fines del 2014. En paralelo, se estableció el programa de Cocinas Perú, permitiendo el reemplazo de cocinas a leña por el de gas natural. A la fecha, ya suman más de un millón seiscientos mil los beneficiados.
A mediados del 2012 se adjudicaron licitaciones para que empresas privadas desarrollen proyectos de transporte virtual de gas en forma líquida en la Costa Sur y Norte y con gas natural comprimido en las regiones altoandinas. Esta última zona siempre estuvo excluida, desde el inicio del proyecto Camisea, en el 2004, a los beneficios del gas.
A fin de incluirla se priorizó el transporte virtual de gas desde Ayacucho a las ciudades de Cusco, Puno, Juliaca, Abancay, Andahuaylas, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Huamanga y Huanta. Para ello, está en ejecución la construcción de una tubería de 20 km desde el ducto principal de Camisea a la ciudad de Huamanga.
Esto abrirá la oportunidad para la instalación de redes domiciliarias en esas localidades, y en breve plazo, mediante asociaciones público-privadas, se iniciará su construcción. Estas redes estarán funcionando cuando las obras del gasoducto y sus ramales culminen y solo faltará conectarlas para reemplazar el gas virtual y beneficiar a más de 600,000 hogares.
¿Qué hacer ahora?
La construcción del gasoducto requiere del gobierno central, regional y local, numerosos permisos multisectoriales que requieren ser viabilizados a la brevedad.
Las obras de la infraestructura de transporte de gas facilitarán la certificación de reservas de gas y líquidos en lotes como el 88 y el 58, en Malvinas, y el 76, en Madre de Dios. Para ello, urge facilitar más exploraciones, lo que hace necesario, en el corto plazo, un nuevo reglamento de hidrocarburos. Priorizar las exploraciones genera confianza.
En conclusión, estamos en el camino irreversible a la industrialización del sur peruano y a la masificación del gas natural para el uso doméstico a precios muy competitivos, como viene ocurriendo en Lima, Callao e Ica. De esta forma, se estará cumpliendo con el compromiso de brindar gas barato a los hogares peruanos.
Fuente: Gestión
