El representante de Minsur señaló que hoy se habla de cómo repartir las rentas y no de detener la inversión en minería, lo cual tiene relación con la necesidad de promover actividades extractivas para enfrentar retos como el cambio climático.
Durante su participación en Rumbo a PERUMIN, el director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Minsur, Gonzalo Quijandría, sostuvo que existe un evidente cambio en el discurso ambientalista sobre el desarrollo de actividades extractivas, como la minería, en los últimos años.
Indicó que hoy se habla de cómo repartir las rentas y no de detener la inversión en minería, lo cual tiene relación con la necesidad de promover actividades extractivas para poder enfrentar retos como el cambio climático a nivel mundial.
“No es acorde con el discurso ambientalista decir no más producción de concentrado de cobre porque se necesita para la transición energética y lo saben, por eso han tenido que cambiar su discurso y sacarse la careta. Hoy por hoy, el discurso es más directo”, refirió.
De otro lado, señaló que el Estado peruano debe adoptar una estrategia más eficaz contra los opositores al desarrollo de la minería en el país, especialmente con los extorsionadores, que son los únicos que se benefician al ver en los conflictos un negocio rentable.
“Esto es algo que debemos poner sobre la mesa, tener una acción decidida, tanto desde el Estado como de las comunidades, quienes son los primeros afectados cuando aparecen los extorsionadores, ya que no reciben nada a favor”, refirió.
De acuerdo con su análisis, se debe tener en cuenta el elemento criminal, y ante ello, el Estado, debe participar en la persecución del crimen, pues uno de los objetivos de los extorsionadores y otros actores es multiplicar los conflictos en diferentes regiones.
“Hay que identificar cuál es la siguiente gran inversión y determinar por dónde están dando vueltas estos grupos extorsionadoras y tratar de hacer una acción decisiva del Estado, porque sino lo único que van a hacer es retrasar inversiones y las justas expectativas de las comunidades de participar de los beneficios de la inversión”, agregó.
Finalmente, el representante de Minsur considera que la Defensoría del Pueblo tiene una oportunidad de mejora enorme para el abordaje del conflicto, optimizando su metodología, movilizándose a la zona de impacto, participando en las labores de diálogo y haciendo acto de presencia en situaciones complejas y/o problemáticas.
“Las cifras que muestran el volumen de conflictos sociales deben generar la movilización de recursos del Estado. Si uno ve 221 conflictos, el Estado debe de multiplicarse para poder atenderlos. Debe salir de su oficina de Azángaro e ir a la región”, culminó.
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