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Gonzalo Tamayo pide revisar el informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible a quienes tengan el control del país

El exministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, pidió revisar el informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible a quienes tengan el control del país. El también socio de Macroconsult aseguró haber revisado el plan de gobierno de ambos partidos políticos que irán a la segunda vuelta electoral, Fuerza Popular y Perú Libre, y en ninguno se evidencia el interés por las sugerencias de la comisión.

«Esperemos que quienes tengan el control del país, a partir de este 28 de Julio, puedan darle una mirada fresca al informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Me he tomado el tiempo de revisar el plan de trabajo de ambas propuestas y en ninguna se hace referencia a la Comisión o a Rimay. No es que sea la panacea, pero la minería es una industria clave para el desarrollo del país», dijo durante la clausura del ciclo de conferencias Rumbo a PERUMIN, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En ese sentido, Tamayo presentó una serie de propuestas de medidas normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero, las mismas que están basadas en el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.

Cabe recordar que el documento que recoge una serie de recomendaciones formuladas en cinco ejes centrales: entorno social, gestión ambiental, mejora regulatoria, aporte fiscal y uso de los recursos mineros y minería informal.

Sostenibilidad del sector minero

Indicó que afianzar la sostenibilidad del sector minero pasa por dos objetivos principales como son: el fortalecimiento de la competitividad minera y el desarrollo y bienestar para las comunidades aledañas a los proyectos y operaciones mineras, así como del país.

Una de las recomendaciones estratégicas que planteó, de acuerdo a este informe, es la implementación de una política de Estado para el sector minero, actividad económica que será trascendental para lograr la reactivación económica del país. Esta debería continuar el esfuerzo de Rimay (Visión de la Minería al 2030) y formularse desde una visión de desarrollo territorial.

“Tenemos un potencial geológico de los mejores del mundo, ocupamos los principales puestos en producción de minerales que se comercializan, pero no tenemos una política de Estado sobre el sector minero. El Acuerdo Nacional no se ha pronunciado y no existe un horizonte sobre cuál debe ser la política del Estado hacia este sector”, remarcó.

Asimismo, refirió que se debe contar con una visión de desarrollo territorial, que permita un nuevo enfoque orientado a satisfacer necesidades y el cierre de brechas de todas las regiones, y que promueva el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y el mejoramiento de la gobernanza del territorio.

“Un elemento bastante importante tiene que ver con la trazabilidad del canon minero o la lógica de que exista la mayor transparencia posible sobre cómo se originan los recursos del government take para la minería y cómo se transfieren o se ejecutan y llegan a lograr sus objetivos”, agregó.

El socio de Macroconsult refirió que es necesario un nuevo modelo para incentivar las exploraciones mineras en nuestro país. “Desde el lado ambiental parece haber predominado una visión que los procesos de exploración minera relativamente simples con limitado impacto, que en otras circunscripciones tienen mecanismos simplificado, no suceden en el país”. Reconoció que el Minem ha avanzado en este aspecto haciendo caso a dicha recomendación.

Tamayo también señaló que es conveniente diseñar e implementar un nuevo modelo de evaluación ambiental, que sea temprana, concurrente y colaborativa. “Parece haber un espacio para que haya algo más de participación continua entre las actividades ambientales con los promotores del proyecto”, afirmó.

Otros de los puntos estuvieron referidos a mejorar las medidas para la protección y restauración del ambiente, la reforma de la gestión pública, y una mayor atención para avanzar en temas de minería informal

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