CONFIEP, SNMPE, AGAP, COMEX y el IIMP exigen al Gobierno observar ley que deroga el DL 1607 porque así se respalda al crimen organizado.
Los representantes de los principales gremios empresariales del país exigieron al Gobierno observar la ley que respalda la criminalidad y la minería ilegal.
«Lo que esperamos es que el Poder Ejecutivo coherente con el mensaje de promover las inversiones tan necesarias para reactivar la economía, observe esta decisión formulada por el Parlamento ayer en la noche», apuntó Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
En conferencia de prensa esta tarde, Gobitz indicó que tras la decisión tomada «entre gallos y medianoche» por el Parlamento “creemos que nuestro parlamento ha abdicado al crimen organizado”.
«Lo que nos trae a esta reunión es esta decisión nefasta de nuestro Parlamento de derogar el decreto legislativo 1607 que lo que hace es confirmar o respaldar la criminalidad», aseveró.
Por su parte, Leonie Roca, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), cuestionó el comunicado emitido hoy por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) donde el despacho liderado por Rómulo Mucho señala que «respeta las decisiones y atribuciones del Congreso».
«Hubiéramos esperado que el Minem diga que interpondrá una acción de inconstitucionalidad o que observará o que tomará alguna acción para lo que ha sucedido ayer dure la menor cantidad de tiempo posible», comentó.
Roca dijo que la aprobación del proyecto de ley que deroga el decreto legislativo contra el crimen organizado en mención se logró en tan solo «12 horas» y que «sorpresivamente» fue exonerado de gran parte del proceso regular necesario.
«En 12 horas fue aprobada una ley tan relevante para no continuar avanzando en el combate contra la criminalidad. La delincuencia común y el crimen organizado se han transformado en el principal problema de los ciudadanos en el país, afectan severamente nuestra calidad de vida. El 62% de peruanos y peruanas creen que es el principal problema que tiene nuestro país. El costo de la inseguridad ciudadana es de 31,500 millones de soles al año», remarcó.
Alonso Rey, segundo vicepresidente de ComexPerú dijo que esta decisión adoptada por el Congreso es una mala señal de cara a la inversión privada.
«Estamos fomentando esta criminalidad y no solo causa daño a los peruanos, el comercio exterior y el turismo no se recuperan aún de todos los daños causados por estas protestas financiadas por dinero ilegal», manifestó.
Rey recordó que en noviembre de este año el Perú será anfitrión de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y un tema importante a tratarse en el evento será la seguridad.
«Si nosotros como Estado estamos abdicando de la seguridad, qué nos queda y eso no debería suceder en un estado de derecho», aseveró.
En tanto, Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó que el 39% del oro exportado por el país sea proveniente de la minería ilegal.
«En esa ruta se deja de pagar impuestos que podría servir ciertamente para cerrar brechas sociales en el país. Esto Representa una pérdida del 2.5 del PBI», acotó.
Zegarra agregó que el proceso de formalización minera que tiene como principal herramienta el Reinfo, con más de 8 años de creación, tiene más de 83% de mineros inscritos en calidad de «suspendidos».
«No se han cumplido los requisitos importantes para poder ser formales como la presentación del instrumento que contenga el cuidado ambiental o un contrato de explotación o cesión. En muchos casos están en condiciones de invasores de los terrenos que ocupan», culminó.
