De acuerdo a un último reporte de la Defensoría del Pueblo, a febrero de este año hay 197 conflictos sociales registrados (144 activos y 53 latentes). De ellos, el 65% está asociado a problemas socioambientales. Por lo tanto, representan el mayor número de conflictos en el país.
La institución también afirmó que en enero se incorporaron dos conflictos nuevos de tipo socioambiental. Uno aún latente en el departamento de Cusco, donde dirigentes sociales y comunales del distrito de Livitaca exigen a la empresa Minera Hudbay la suscripción de un nuevo convenio marco considerando la propuesta remitida por la sociedad civil y la nulidad del convenio suscrito en el 2016 con la Municipalidad Distrital de Livitaca.
En tanto que el otro se registró en Apurímac, donde la comunidad campesina de Pumamarca solicita a la empresa Minera Las Bambas renegociar el precio pagado por sus tierras en el contrato de compraventa del 7 de abril de 2011 y exige que la empresa formalice sus compromisos sociales en un convenio marco.
Por otro lado, informó Gestión, se reportó un conflicto nuevo por asuntos del Gobierno Regional en Piura. Se trata de los ciudadanos del distrito de Las Lomas, quienes reclaman el reinicio de la obra de rehabilitación, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito.
Zonas de conflicto
En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (23 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21) y Áncash (17).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65 %).
Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64.8 %.
Del total de casos activos, el 64.6 % (93 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 76.3 % (71 casos) corresponde a casos socioambientales.
