El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe “Gobernanza Ambiental y Participativa para la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales en América Latina y el Caribe: Estudio de casos en el Perú”, donde da cuenta que, actualmente, existen 44 Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Áncash, Cajamarca, Lima, Moquegua y Tacna.
Así, con el propósito de prevenir los conflictos sociales en el país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó dicho informe, donde se da cuenta del trabajo realizado en las comunidades de Orcopampa (Arequipa), Juprog (Áncash) y Mallay (Lima).
“El Monitoreo Ambiental Participativo es un mecanismo a través del cual los ciudadanos ejercen su derecho a intervenir en la vigilancia ambiental de los proyectos extractivos aledaños a su población, contribuyendo de esta manera en la prevención de los conflictos sociales”, sostuvo Gabriela Jáuregui Morán, titular de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera del Minem.
Explicó que, actualmente, existen 44 Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Áncash, Cajamarca, Lima, Moquegua y Tacna, donde las comunidades coexisten con actividades extractivas mineras y de hidrocarburos.
“Se ha presentado el informe del PNUD con la finalidad de dotar a las comunidades, a través de los comités participativos de capacitación, la capacidad de intervención en el desarrollo de un proyecto. El objetivo es fortalecerlas y empoderarlas para prevenir la conflictividad a través de mecanismos y herramientas que se presentan en dicho informe”, subrayó Gabriela Jáuregui.
Nancy Bahamonde, consultora del PNUD y autora del informe, explicó que en los Comités de Monitoreo Ambiental Participativo, instalados en Orcopampa, distrito de la provincia de Castilla, región Arequipa; Juprog, ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, en la región de Áncash; y Mallay en la provincia y región de Lima, se realizaron trabajos articulados entre los monitores ambientales, las empresas y el Estado. “En los tres casos las comunidades confían en los comités como oportunidad de aprendizaje respecto a temas ambientales”, remarcó.
Pero queda mucho trabajo por hacer, pues hay que fomentar normas, articular con las instituciones y las empresas correspondientes, a fin de generar espacios de diálogo y atender, de manera oportuna, las inquietudes y observaciones. “La idea es que estos comités sean integrados al sistema de alerta temprana para la prevención de conflictos socioambientales”, acotó la autora del informe.
Cabe precisar que los 68 participantes en este evento pertenecen a diversos comités de monitoreo a nivel nacional, que no solo son capacitados en temas técnicos, sino también en la prevención de conflictos, diálogo, liderazgo, empoderamiento y visión de desarrollo de sus comunidades.
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