Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, señaló que el problema de la minería ilegal requiere una respuesta coordinada del Estado en su conjunto.
El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, sostuvo que la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (MAPE) no debe permitir que la ilegalidad se infiltre nuevamente en el proceso de formalización minera.
El proyecto de ley MAPE fue aprobado por el Ejecutivo en noviembre pasado y enviado al Poder Legislativo para su debate. La propuesta reemplazaría al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
“Es importante que la ley de formalización se promulgue, ya que es un componente esencial en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal. Debemos asegurarnos de que la Ley MAPE no permita que la ilegalidad se infiltre nuevamente, como ha sucedido con el Reinfo, que ha sido utilizado para actividades ilegales, creciendo de manera exponencial”, comentó.
Ilegalidad e informalidad
De Vinatea manifestó que el Perú enfrenta un gran desafío no solo en minería, sino en todos los sectores económicos, ya que la informalidad es un problema transversal en nuestra economía.
“La minería ilegal, en particular, ha logrado camuflarse detrás de la minería pequeña e informal, creando un problema de criminalidad que va más allá de la simple formalización. Esto ha llevado a que distintas zonas del país no tengan presencia del Estado, provocando un incremento en la violencia, donde las empresas deben contratar seguridad privada”, mencionó en entrevista con un medio local.
Asimismo, De Vinatea agregó que la minería ilegal no puede ser abordada únicamente por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para enfrentar esta grave amenaza.
“El control de insumos y la lucha contra el lavado de activos son fundamentales. La fiscalización debe ir más allá de un solo ministerio, pues el problema de la minería ilegal ha crecido y requiere una respuesta coordinada del Estado en su conjunto”, anotó.
Además, el general general del IIMP señaló que el Perú destina uno de los presupuestos más bajos a la fiscalización de normativas en comparación con otros países.
“Debemos aprender de experiencias exitosas en otros países de Latinoamérica que han enfrentado la formalización. La falta de cumplimiento normativo es un desafío. La seguridad jurídica es vital, pero si las normas no se cumplen, se pierde su efectividad”, enfatizó.
Fuente: IIMP.
