Para el especialista, es momento de que se ejecuten «agendas locales y regionales puntuales, cierre brechas urgentes, etcétera», más aún en «plena recesión económica oficializada».
El especialista en comunicación y minería, Iván Arenas, señaló en una columna de opinión publicada en Perú21 que «ningún gobierno anterior ha tenido y tiene la inmensa oportunidad para lanzar una intensa “ofensiva social” para desarrollar los sendos proyectos mineros en las regiones del Perú como el de la administración Boluarte, más aún en plena recesión económica oficializada por el propio MEF días atrás».
Así, «hoy existen cuatro ventajas objetivas, si cabe la palabra, para que el gobierno de Boluarte lance esta “ofensiva social” por la minería moderna en todo el Perú».
La primera es que la izquierda y los sectores opositores a la minería moderna a nivel local/regional se han desorganizado, reducido al límite y hoy tienen poca capacidad de movilización.
«Sus dirigentes y líderes se han quedado atrapados en la reducida y cansina agenda por la libertad de Pedro Castillo y por una nueva constitución, no obstante los reales problemas y necesidades inmediatas del Perú popular. El divorcio es tal que ninguno de los líderes que promovieron las marchas a favor de Castillo ha quedado en pie», remarcó.
La segunda, continuó explicando, es que las regiones (sobre todo las del sur) han sido las más afectadas tanto por los conflictos “ideológicos/socioambientales” e insurrecciones contra el gobierno de Boluarte como por las ineptitudes del gobierno de Castillo. El resultado es que dos de los principales motores de generación de empleo a nivel local —canon minero e inversión privada— han caído.
«Los conflictos ideológicos/socioambientales en Apurímac, Cusco, Arequipa, entre otros, y en general la paralización del sur en los primeros meses de este año han dañado sobre manera la generación de empleo. La caída es estrepitosa. En una situación así es imposible la movilización social. La gente busca “resolver la comida” y luego piensa en la protesta», anotó.
La tercera es que, con idas y venidas, las declaratorias de estado de emergencia en varias regiones mineras ponen límites y desincentivan las protestas. Sin embargo, aclaró que en el pasado y aún con estados de emergencia, las movilizaciones, paros y protestas contra la minería moderna continuaban.
La cuarta es que hay una paralización de obras, por ende de la inversión pública ya sea por ineptitud o ineficiencia de los alcaldes o por falta de más presupuestos, sobre todo por la reducción del canon minero que financia proyectos. Ya termina el año y alcaldes a nivel local (que a menudo se dejan llevar por líderes opositores a la minería moderna) buscan financiamiento a sus proyectos para evitar procesos de vacancia y deslegitimación.
Por todo lo anterior, para Arenas, «existen ahora las condiciones para que el Gobierno en pleno lance esta “ofensiva social” y ejecute agendas locales y regionales puntuales, cierre brechas urgentes, etcétera».
«De desarrollarse algunos proyectos mineros se movería la economía local de manera inmediata, se generaría empleo directo e indirecto y se proyectaría confianza al sector privado. Ahora es cuando», concluyó.
