El especialista en comunicación y minería, Iván Arenas, cuestionó que la iniciativa legal tiene una visión ideológica y rígida sobre el uso del territorio.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial propuesto por el Gobierno genera preocupación porque tiene una visión ideológica y rígida sobre el uso del territorio, señaló Iván Arenas, analista político y especialista en comunicación y minería en entrevista con Rumbo Minero.
“Lo que está proponiendo el Gobierno, bajo el argumento de articular y organizar el territorio, es todo lo contrario; lo que va a generar es un desorden que algunos proyectos e inversiones no vayan a ser posible”, dijo.
El analista manifestó que quienes impulsan el dispositivo legal “están viendo el ordenamiento territorial con una propuesta de un territorio rígido, cuando es algo flexible, adaptativo a las innovaciones tecnológicas”.
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“De tal manera que no se puede decir aquí se tiene que hacer solamente minería, agricultura. Este concepto desconoce algo importante, que es la colaboración entre minería y la agricultura, la ganadería y hasta con el turismo, proyectos educativos y sociales, y eso es lo que no están viendo en este caso”, anotó.
Arenas señaló que en el pasado se han intentado otras formas de ordenamiento territorial y todas restringen algunas actividades económicas, como la minería.
“Las municipalidades tienen catastros, pero aún así son la primera fuente de informalidad. Entregar el ordenamiento, la articulación entre el Estado, la creación de un sistema con diferentes instituciones, procesos, entradas y salidas, en una situación muy grave de debilidad institucional en el Perú, es restringir alguna de las actividades más importantes del país, como la minería o algún otro sector”, aseveró.
Agregó que se trata de un proyecto de ley que “crea un sistema en un momento difícil para el país”.
“Esta ley lo que trae es una nueva institucionalidad, una nueva forma de organizar el territorio, cuando entendemos que el Estado siempre ha querido hacer eso, pero es, a la vez, la principal fuente de informalidad”, cuestionó.
Conflictividad
En otro momento, el especialista indicó que en el país existen conflictos sociales que tienen una mirada política, ideológica, sobre todo frente a la minería.
Así, “debemos leer muy bien de qué se trata este proyecto porque en uno de los considerandos se basa, por ejemplo, en que hay conflictos territoriales sobre algunos recursos naturales”.
“¿Esa data de dónde la sacan? La obtienen de la Defensoría del Pueblo y sabemos que en el Perú no existe una metodología única para la gestión, mitigación, reducción de los conflictos sociales, y esta institución tiene muchísimas miopías al entender estos conflictos”, comentó.
Finalmente, Arenas añadió que si el ordenamiento territorial se basa en decisiones técnicas no debe ser sometido a la discusión política.
“Si el ordenamiento territorial tiene básicamente algunos instrumentos de gestión, zonas económicas ecológicas, el catastro, porque son políticas, las decisiones que deberían ser técnicas. Se abre la posibilidad a que existen debates políticos y evidentemente debates ideológicos alrededor de eso, y de alguna u otra manera habrá resistencias”, concluyó.
