Para Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, la capacidad de transformar los recursos en obras no es competencia de las empresas mineras, sino del Estado. Así, aseguró que la conflictividad socioambiental no es necesariamente el factor crítico para explicar la alta votación del candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo.
“Un factor explicativo son las condiciones de carencia, de ausencia del Estado, de una sensación de distancia o brecha con relación a otras zonas del país. Por más que haya recursos disponibles, la capacidad de transformarlos en obras es limitada. La empresa minera no puede resolver eso, es un tema del Estado”, aseveró para el diario La República.
Señaló, en ese sentido, que las políticas públicas, entre ellas la territorial, que abarquen aspectos integrales, podrían mitigar la conflictividad y los índices de corrupción en las regiones mineras.
Así, en sus palabras, «la conflictividad expresa otros problemas; los conflictos son el síntoma, no el problema».
«Siempre hay más preocupación sobre cómo generar más inversiones y no está mal; es importante, pero sin lo otro vamos a volver al círculo de proyectos que se paralizan. Sin atacar el problema de fondo, el conflicto va a regresar”, subrayó.
Conflictos sociales
Según la Defensoría del Pueblo, en su Reporte de Conflictos Sociales correspondiente a marzo del 2021, existen 194 conflictos sociales registrados (143 activos y 51 latentes), y la mayoría se concentran en Loreto, Cusco y Áncash. En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %).
“En el corredor minero, que tiene 480 kilómetros entre Cusco, Apurímac y llega hasta Arequipa, están ubicados varios proyectos mineros. Ahí hay 12 conflictos relacionados a la minería. En 8 de ellos han habido protestas el año pasado pese a las restricciones. Estos están en las provincias de Cotabamba, Fuerabamba, Espinar, Chumbivilcas, Purmamarca y en el distrito de Livitaca. En esas zonas están las mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay”, precisó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
Según Luque, lo que la población está exigiendo es una entrega más inmediata del canon minero, así como la firma de convenios marco con las empresas mineras para que asuman un conjunto de servicios de obras públicas, inversión, etc. Además, está en discusión la renegociación de la venta de tierras.
