El Doctor en Ciencia Política y experto en gobierno e internacionalista explicó las consecuencias negativas para el Perú de este tratado multilateral.
En Rumbo Minero TV, el Doctor en Ciencia Política y experto en gobierno e internacionalista, Javier González-Olaechea, analizó el impacto para el Perú de llegarse a aplicar el Acuerdo de Escazú.
Un primer punto señalado fue que el tal tratado es “contrario a los intereses nacionales y permanentes del Perú”.
“Está redactado de una manera tan suspicaz que se presta a muchas interpretaciones; y algunos contenidos abiertamente contravienen la Constitución del Perú”, declaró.
“Incluso, añaden elementos que no están contemplados en la legislación nacional”, añadió.
También explicó que el Acuerdo de Escazú es un tratado multilateral de carácter regional; ello comprende a la región de América Latina y el Caribe.
Además, en el tratado rige el derecho internacional público; es decir, las normas del tratado tienen que cumplir todos los estándares del derecho internacional público.
En ese sentido, señaló que una consecuencia directa es que da injerencia absoluta a cualquier persona, sea persona natural o jurídica y sin distinguir si es peruano o extranjero, a intervenir sobre cualquier actividad u obra
“Recordemos que el Artículo 66° de la Constitución dice que los recursos naturales -de ahí donde yo creo que (el tratado) es violatorio a la Constitución- están reservados a la nación peruana y para usufructo de los peruanos, de manera que el tratado colisiona con la Carta Magna”, resaltó.
Estado obligado
De igual manera, definió que al permitir la injerencia de cualquier persona -bastará que afirme tener domicilio o sede, en caso sea una empresa, en el Perú- el Estado peruano estará obligado a responder cualquier reclamo que se exprese.
“Imaginemos que el Estado peruano, que es un estado fallido, es requerido por una comunidad afrodescendiente colombiana, que instala su filial en Lima, estará en condiciones de demandar; es decir, llevar al Estado peruano a la justicia”, subrayó.
Finalmente, Javier González-Olaechea enfatizó que el Acuerdo de Escazú no hace distinciones sobre sectores económicos.
Tras ello, advirtió que se pueden presentar recursos solicitando la paralización de una actividad como la minería.
“Esto es una aberración y produce un gran daño a la inversión para crear fuentes de trabajo”, puntualizó.
