Las comunidades, sin embargo, expresaron su absoluto rechazo a la prórroga del estado de emergencia decretado en sus distritos. Además, hoy se viene realizando la marcha en simultáneo en Lima, Arequipa y Cusco, en apoyo a los trabajadores y familias afectadas por la paralización de la mina.
En una carta enviada al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, los seis presidentes de las comunidades del área de influencia de la operación minera Las Bambas aceptaron la propuesta de instalar un espacio de diálogo que tenga por objeto resolver las controversias que, a la fecha, existen con la operadora de Las Bambas, MMG Ltd.
Sin embargo, informaron que «si bien algunas están de acuerdo con el plazo de seis días planteado inicialmente, otras precisan que el plazo debe extenderse para que las mesas tengan resultados sinceros puesto que las problemáticas de cada una son complejas y ameritan un plazo prudente para su resolución».
«Del mismo modo, nuestras comunidades indican que el plazo propuesto no puede tener por objeto único el «agendamiento» de las reuniones. Por el contrario, es preciso que aquel también resuelva las problemáticas e incumplimientos principales, relevantes y urgentes», remarcaron.
Por otro lado, todas las comunidades coinciden en que no existen condiciones y garantías si es que MMG pretende iniciar operaciones al 100%. Esta posición es mantenida por las seis comunidades sin perjuicio de que a la fecha «Minera Las Bambas viene ejecutando operaciones en su planta, lo que se presenta como una actitud que podría ser comprendida por nuestras bases como una abierta provocación que dificultaría la continuidad de nuestras conversaciones».
Rechazo al estado de emergencia
En el documento, las comunidades expresaron su absoluto rechazo a la prórroga del estado de emergencia decretado en sus distritos.
También puedes leer: Las Bambas: Ventas de empresarios locales de Challhuahuacho caen 100 %
Reiteraron que «no es acorde a derecho que desde el Estado se continúe sustentando la vigencia del régimen excepción a la deposición de nuestras medidas de protesta, las mismas que no pueden ser interpretadas como una grave alteración al orden público pues se fundamentan en pretensiones legítimas».
Remarcaron que «en caso continúe su política inconstitucional de afrontar la conflictividad social mediante el uso de regímenes de excepción, no solo traerá responsabilidad jurídica internacional al Estado peruano, sino que también puede comprometer la legitimidad del gobierno de nuestro presidente campesino, Pedro Castillo».
«Demandamos y exigimos la derogatoria inmediata del estado de emergencia en los distritos de Coyllurqui y Challhuahuacho. Caso contrario, en el plazo de 72 horas interpondremos absolutamente todas las medidas legales que sean necesarias, incluyendo la solicitud de una medida cautelar ante la CIDH para la cautela de nuestros derechos», destacaron.
El documento enviado lleva la rúbrica de Romualdo Ochoa Aysa, presidente de la comunidad indígena de Huancuire; Edison Vargas, presidente de la comunidad indígena de Fuerabamba; David Huillca, presidente de la comunidad indígena de Chuicuni; Zenón Paniura, presidente de la comunidad indígena de Pumamarca; Walter Melón, presidente de la comunidad indígena de Choaquere; y Edgar Lima, presidente de la comunidad indígena de Chila.
