Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, dijo durante la reunión que el Gobierno debe mantener el estado de emergencia mientras la mina no pueda operar.
Agencia Reuters.- Representantes del gobierno de Perú no pudieron llegar el martes a un acuerdo con un grupo de comunidades indígenas, en una reunión en la que se buscaba frenar las protestas que han detenido la operación de la enorme mina de cobre Las Bambas.
Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, aporta alrededor del 2% del suministro global. La suspensión de la operación de la mina desde hace casi tres semanas significa para la empresa y el país la pérdida de millones en ingresos y en impuestos en un momento de precios del cobre históricamente altos.
En una tensa reunión cerca de la mina, en los Andes peruanos, los líderes comunitarios dijeron que no permitirían que la mina reanudara sus operaciones a menos que el Gobierno levante el estado de emergencia que impuso en la zona el mes pasado. La medida suspende los derechos de reunión y manifestación.
«Si quieren diálogo, primero levanten el estado de emergencia», dijo Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la cita, que fue transmitida por redes sociales.
Representantes del Gobierno dijeron por su parte que primero quería un compromiso de las comunidades de que levantarían su protesta para permitir que Las Bambas reinicie operaciones.
Las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire vendieron tierras a Las Bambas para permitir la construcción de la mina, pero recientemente acusaron a la empresa de no respetar todos sus compromisos. MMG dice que ha satisfecho alrededor del 80% y que el resto por cumplirlo.
El mes pasado, ambas comunidades ingresaron a sus antiguas tierras y acamparon dentro de Las Bambas. Personal policial y de seguridad de la mina desalojó el campamento de Fuerabamba, pero permanecieron los de la comunidad de Huancuire.
Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Las Bambas, dijo durante la reunión que el Gobierno debe mantener el estado de emergencia mientras la mina no pueda operar.
