Entre el lunes 27 de enero y el último sábado, ciudadanos de las provincias de Espinar y Chumbivilcas, en la región Cusco, bloquearon parte del corredor minero que conecta a la mina Las Bambas con el puerto de Matarani.
El cierre impidió que entraran suministros a Las Bambas y también la salida del mineral hacia el puerto para ser exportado. En esos 11 días, las operaciones y la producción de la mina se ralentizaron progresivamente. De haber persistido la situación, pudieron paralizarse completamente; lo que hubiera golpeado la economía de la región Apurímac, donde se ubica el yacimiento.
Esto ya se puso en evidencia durante el 2019. El año pasado también hubo bloqueos a esta misma vía que causaron, en parte, que la economía de Apurímac se contrajera 7,6%; arrastrada por el retroceso de 14% en la producción minera.
Estas protestas tienen su origen en el 2018. Las carreteras que forman el corredor vial Apurímac-Cusco solían ser rutas departamentales; pero, a pedido de los gobiernos regionales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) las reclasificó definitivamente como rutas nacionales, lo que facilitaba su mejora. Ello, de acuerdo con las comunidades, habría violado sus derechos a la consulta previa, a la propiedad, entre otros.
En este marco, en diciembre del 2019 se publicó el Decreto de Urgencia (DU) 026-2019, con medidas cuyo objetivo era simplificar la transferencia de terrenos para hacer intervenciones temporales en este corredor. Dos días después, salió el DU 027-2019 en el que se precisan mecanismos para la compra de terrenos.
Al respecto Augusto Cauti, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), manifiesta su preocupación acerca de cómo se ha tomado el último DU en las zonas de protesta. “Hay un tema de mala información, porque en el DU 027-2019 se plantean pagos mayores por los terrenos e incentivos para la venta directa. Se han dado soluciones, pero o no se están considerando o se está malinformando en la zona”, sostiene.
Freno costoso
Dada la importancia de Las Bambas en el ámbito regional, se puede estimar cuánto le cuesta a Apurímac el hecho de tener paralizado el proyecto. En solo un día, la región puede llegar a perder más de S/1 millón en regalías y ventas locales, además de casi US$6,8 millones diarios en producción minera.
Esto se puede estimar sobre la base de cifras reportadas por la compañía minera. En primer lugar, los gobiernos subnacionales dejarían de percibir aproximadamente S/690 mil diarios por concepto de regalías. Este monto diario es suficiente para financiar 1% del presupuesto anual para invertir en educación con el que cuentan las municipalidades de Apurímac, o más del 3% de lo que se destinaría este año al mejoramiento de la infraestructura de salud de la región.
En tanto, los proveedores de la zona venden unos S/255 mil al día a la mina. Así, entre ingresos para el sector público y privado, se suman unos S/945 mil, a los que falta sumarles el movimiento de recursos detrás de los proveedores de la mina. Si bien las operaciones no han parado por el momento, vale la pena resaltar que se trata de la tercera empresa con mayores exportaciones del Perú.
Es importante recordar que las transferencias por regalías a Apurímac retrocedieron 25,7% el año pasado, como consecuencia de los bloqueos que impidieron la exportación de mineral. En tanto, Las Bambas terminó el 2019 con una producción de alrededor de 382 mil toneladas, cifra inferior a las 405 mil toneladas que, a inicios del año, la firma esperaba alcanzar.
Alternativas
Con este bloqueo del corredor minero, ya se suman tres episodios de este tipo en los últimos 12 meses. Desde diferentes frentes –públicos y privados– se reconoce hoy que, si bien se necesitan en lo inmediato soluciones como las que se están trabajando, a largo plazo el corredor vial podría requerir un cambio más profundo. Una alternativa en evaluación es la construcción de un mineroducto, de aproximadamente 206 kilómetros de extensión, que atravesaría 20 comunidades de Apurímac y Cusco. Otra opción es la construcción de un ferrocarril que transporte los minerales y, además, dinamice el comercio en la zona de influencia.
Siendo estos proyectos, por ahora, opciones en evaluación, no se dispone de un estimado concreto de cuánto podrían costar. Sin embargo, como referencia, conviene recordar el mineroducto de Antamina: para reemplazar el transporte en camiones, se construyó un ducto de 304 kilómetros con una inversión cercana a los US$300 millones.
Mientras tanto, las protestas perfilan un panorama incierto para un monto importante de inversiones. De acuerdo con cifras del Minem, entre Arequipa, Apurímac, Cusco y Moquegua, hay una cartera de 37 proyectos mineros, que incluyen exploración y construcción. Entre todos suman una inversión de alrededor de US$24.501 millones. A su vez, una mayor inversión real en estos proyectos hace, por economías de escala, más viables las alternativas de solución de largo plazo.
Por ahora, el viceministro Cauti resalta que el Gobierno está tomando acciones inmediatas. Otras soluciones tardarían más en cuajar, como el mineroducto que demandaría unos tres años, prevé. “El tema es ver cómo se puede, con lo que se tiene, generar un consenso para que esto pueda caminar”, afirma.
El funcionario subraya que el sector privado sigue apostando por invertir en el país: el año pasado –señala– la inversión minera superó los US$6.150 millones, un flujo 24% mayor al registrado en el 2018. “Esto refleja la confianza en el Perú como país con potencial y capacidad para ponerlo en valor”, agrega.
*foto referencial
(BQO)
