Los hermanos Chávez Sotelo y funcionarios del Poder Judicial habrían favorecido ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos contra Las Bambas.
En Cusco y Abancay, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú realizan un megaoperativo en paralelo.
Según se informó, esta operación forma parte de la investigación contra la organización criminal “Los Chavelos”, integrada por los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo y funcionarios del poder Judicial de Abancay.
La acusación principal es beneficiar ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales contra el Estado y la minera Las Bambas.
En Cusco, con información de RPP, se allana una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, que pertenecería a Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire.
En Abancay (Apurímac) se allanaron ocho inmuebles pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo.
También se allanaron las viviendas de los secretarios del Poder Judicial de Abancay: Ebert de la Vega Chirinos, Karin Edith León Martínez, Luis Alberto Rojas Vargas y Alan Vásquez Huillca.
Actos ilegales
La tesis de la Fiscalía es que funcionarios del Poder Judicial de Abancay habrían sido captados por los hermanos Chávez Sotelo y actuaban como el brazo legal de la organización.
A cambio de dinero, declaraban fundados los recursos legales presentados por los Chávez Sotelo en su condición de abogados de la comunidad campesina de Huancuire.
Por esta razón, se les imputa los delitos de Organización Criminal, Corrupción de Funcionarios-Corrupción Pasiva de Auxiliares Jurisdiccionales y Cohecho Activo Especifico.
Asimismo, la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay-Apurímac obtuvo diversas comunicaciones.
Dichas conversaciones revelaron cómo los investigados coordinaban con los operadores judiciales el favorecimiento en sus procesos, así como los pagos ilegales como retribución.
Detenidos en 2019
Los hermanos Chávez Sotelo estuvieron presos en 2019 por promover prácticas extorsivas, violencia, bloqueo del corredor minero y enfrentamientos con la Policía.
Todo eso mientras fungían como “asesores legales” de las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.
Aunque la Fiscalía lo solicitó, la autoridad judicial no autorizó la detención preliminar de los investigados, sino solo el allanamiento y registro domiciliario.
Según RPP, el Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de detención preliminar bajo el argumento de que no existe peligro de fuga y de obstaculización de la prueba.
Pese a que los investigados podrán seguir laborando al interior de la Corte y en las mismas salas donde se habrían desarrollado los actos ilícitos, lo que les posibilitaría eliminar cualquier documento incriminatorio.
