Comité será presidido por el Ministerio de Energía y Minas y tiene por objeto fortalecer el proceso de diálogo en base a los acuerdos suscritos el 9 de junio pasado
El Poder Ejecutivo creó un grupo de trabajo temporal que acompañará y evaluará el cumplimiento de los compromisos a los que llegó el Estado con la minera Las Bambas y los representantes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM, publicada ayer en el diario El Peruano, este comité tiene por objeto fortalecer el proceso de diálogo en base a los acuerdos suscritos el 9 de junio del 2022 entre las partes involucradas, y será dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Estará presidido por el ministro/a de Energía y Minas, e integrado por los ministros del Ambiente, de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo Agrario y Riego, de Salud, de Educación; además de un representante de la Defensoría del Pueblo, de la minera Las Bambas S.A; y uno por cada comunidad campesina de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire.
Asimismo, el grupo de trabajo tendrá las siguientes funciones: establecer un cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos con las seis comunidades; evaluar los resultados de las acciones realizadas por cada entidad competente; instalar subgrupos de trabajo en cada comunidad; y proponer las acciones y medidas que coadyuven al cumplimiento del objeto del comité informando públicamente los avances.
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El comité se instalará en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución ministerial y tendrá una vigencia de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de su instalación, la cual podrá ser prorrogable por un periodo similar.
Además, se establece que, vencido el periodo de vigencia, dispone de 30 días calendario adicionales para presentar un informe final a la PCM.
Es importante destacar que el grupo de trabajo será financiado por el presupuesto institucional de las entidades que lo conforman, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, la participación de sus integrantes será ad honórem, por lo tanto, no irrogará gastos al Estado.
Finalmente, la norma establece también que la secretaría técnica del grupo de trabajo estará a cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, la que asume la responsabilidad administrativa y coordinaciones operativas para el funcionamiento del comité; siendo responsable de llevar el registro de los acuerdos y la documentación; así como de reportar periódicamente a la Presidencia.
