Alrededor de una quinta parte del oro que exporta Perú es de origen ilegal, equivalente a unas 25 toneladas anuales, lo que el Gobierno espera que baje tras haber desalojado La Pampa, el mayor campamento de mineros ilegales auríferos, que había deforestado unas 8.000 hectáreas en la Amazonía.
Así lo ratificó en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, en función a diversos estudios de consultoras hechos en años anteriores que compararon las cifras de producción con las de exportación, que siempre son más altas.
«Son números que efectivamente se generaban en esta zona de Madre de Dios», señaló Ísmodes en referencia a la región amazónica donde se encuentra La Pampa, fronteriza con Brasil y Boliva.
Ísmodes reiteró que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha decidido combatir frontalmente la minería ilegal pero apoyar de manera sólida a la formalización de los pequeños mineros artesanales o informales que operan en zonas permitidas pero que aún no pagan impuestos por su actividad.
El ministro indicó que el objetivo para este año es que en la región de Madre de Dios, donde se encuentra La Pampa, este año consigan formalizar a entre 1.200 y 1.400 pequeños mineros.
Las tareas pendientes
Para ello deben comprometerse además con una producción de oro justo, donde no utilicen a menores de edad en la operación ni mercurio para la producción.
«Estamos impulsando una ley del pequeño minero artesanal que ordene el trabajo de estos miles de mineros, enfocada en la trazabilidad del oro, su formalización y las iniciativas de cuidado ambiental», anticipó.
Asimismo, Ísmodes precisó que el Gobierno está atento a vigilar que los mineros ilegales desalojados en La Pampa no migren y se trasladen a otras zonas cercanas.
La Pampa se encuentra actualmente bajo control militar y policial para evitar que los mineros regresen al lugar y avancen más hacia la reserva nacional de Tambopata, una de las áreas naturales protegidas de mayor diversidad en el país.
En este enclave los mineros ilegales desviaban el curso de los ríos con dragas y maquinaria pesada para drenar su lecho y rebuscar con productos químicos contaminantes cualquier pepita de oro.
Alrededor existían un conjunto de precarias construcciones que funcionaban como bares en lo que trabajaban mujeres que eran víctimas de trata de personas, reclutadas de regiones cercanas, y en algunos casos también víctimas de explotación sexual, pues eran forzadas a prostituirse.
*foto referencial
(BQO)
