La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Perú Libre, tiene en agenda un peligroso predictamen que favorece a la minería ilegal.
Según Diario El Comercio, la iniciativa propone modificar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10 y 11 del Decreto Legislativo N° 1106, que se refiere a la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
El documento de 29 páginas tiene su origen en el proyecto de ley 8342/2023-CR, presentado por Waldemar Cerrón, en julio del 2024. Cabe resaltar que el parlamentario perulibrista es investigado junto a su hermano, el prófugo Vladimir Cerrón, por el presunto delito de lavado de activos.
El texto se iba a debatir inicialmente en la sesión de este miércoles 19 de marzo, pero no fue abordado y podría verse la próxima semana.
En el artículo 1 del referido decreto legislativo, se pretende que solo se condene por actos de conversión y transferencia de dinero, bienes, etc., a quienes tengan conocimiento de su origen ilícito.
En el artículo 2, la propuesta es similar: buscan que solo se imponga una pena a quien “a sabiendas de su origen ilícito” adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias. Este delito tiene una condena de pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de cinco a veinte años.
La modificación al artículo 3 va en la misma línea. Propone que solo sean sancionados quienes transportan o trasladan consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables “conociendo su origen ilícito determinado”.
Nuevas reglas en el proceso de investigación
Predictamen también plantea establecer nuevas reglas en el proceso de la investigación por lavado de activos. Por ejemplo, el fiscal solo podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil, así como requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones “previa acreditación de la concurrencia de evidencias ilícitas”.
Además, dispone que la autorización judicial emitida debe estar “debidamente motivada” y “podrá ser objeto de nulidad una vez que obligatoriamente se corra traslado a la parte investigada de todo el contenido de la información obtenida después de cinco días de haberse obtenido la última información de indagación requerida, bajo nulidad”.
“La información obtenida en estos casos sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron”, añade.
El proyecto original de Cerrón pretendía incluso hacer modificaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera para que un representante de la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Justicia integren su consejo directivo. Sin embargo, la propuesta no fue tomada en cuenta en el predictamen.
