La problemática del sector minero en el Perú podría centrarse, entonces, en una sola palabra: confianza. Sin esta, las cosas no llegarían a su máximo valor, primando el cortoplacismo y el egoísmo irracional.
Sergio Vega-León, Socio de Servicios Tributarios y Legales de PwC Perú.
Desde una perspectiva económica y social, un régimen jurídico que incentive la riesgosa inversión
minera, sumado a una aplicación eficiente y predecible de las reglas del juego por parte de nuestras autoridades, atraería capitales e incrementaría significativamente la posibilidad de que Perú cuente con grandes proyectos mineros capaces de generar empleo directo e indirecto de calidad, así como con recursos suficientes para cerrar las brechas sociales en educación, salud e infraestructura.
También sería necesario que el inversionista tenga las habilidades suficientes para construir y desarrollar una relación sostenible a largo plazo con las autoridades gubernamentales, con el medioambiente y con las comunidades aledañas al proyecto minero que pretende explotar.
Sin embargo, ello no basta para cerrar el círculo. Es fundamental que los recursos generados por la inversión minera sean destinados eficaz y eficientemente para, precisamente, distribuirlos de manera que las necesidades primarias de la población se satisfagan, sin corrupción y con capacidades técnicas y de gestión suficientes para alcanzar el desarrollo que tanto se espera.
Bajo la óptica descrita, pareciera que el círculo virtuoso de la minería estaría completo, gracias a la confianza que tendrían los inversionistas, el Estado y la población en el sistema.
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La problemática del sector minero en el Perú podría centrarse, entonces, en una sola palabra: confianza. Sin esta, las cosas no llegarían a su máximo valor, primando el cortoplacismo y el egoísmo irracional.
En teoría, si el ciclo correcto de la inversión minera es el explicado previamente, carecería de sentido aumentar la presión tributaria o realizar fiscalizaciones cada vez más rígidas sobre las empresas del sector para elevar los niveles de recaudación.
La estructura impositiva para el sector minero no ha cambiado en más de una década, y en 2022 se alcanzó un récord histórico de recaudación. No obstante, en 2023, esta disminuyó en doce puntos porcentuales, llegando a cifras similares a las de 2021. El PBI también cayó durante el mismo año en comparación con el 2022. Algo similar viene ocurriendo con la inversión minera que
el año pasado se redujo en 10%.
Si hablamos de los incentivos al sector minero, el último contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión minera (también llamado “contrato de estabilidad”) se celebró hace más de cuatro años, a fines de 2019, y el anterior fue suscrito en 2013. Esto confirmaría que, más allá de ampliaciones de proyectos (algunas de gran relevancia), no tenemos un sistema que, efectivamente, cumpla con impulsar la llegada de nuevos proyectos mineros de gran escala.
De otro lado, la minería ilegal es una actividad delictuosa en constante crecimiento que genera pérdidas para el país de aproximadamente S/ 23 mil millones, un equivalente al 2.5% del PBI, de acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y con más de medio millón de peruanos directa o indirectamente involucrados. Hasta el momento, no se aprecian medidas efectivas del Estado que busquen combatir esta actividad.
Respecto de la ejecución de los recursos del canon, muchos de los distritos más beneficiados con su distribución vienen ejecutando menos del 40% de su presupuesto (en algunos casos, bastante menos). Este es un elemento más que afecta el nivel de percepción de los beneficios provenientes de las actividades extractivas y de cómo estas pueden contribuir al cierre de las brechas sociales.
Este 2024, es posible que la recaudación y el PBI aumenten, como resultado de la mayor producción minera y del efecto “rebote” de la economía, dado el decrecimiento del 2023. Aún, así, sin una estrategia y norte claros, ello nuevamente responderá a elementos coyunturales, en lugar de a los tan necesitados cambios estructurales del sistema.
En esa línea, las acciones inmediatas estatales no deberían implicar forzar al sector formal a contribuir más, sino más bien a incentivar la inversión y sancionar a quienes no sigan las reglas del juego.
De ese modo, sería más razonable y productivo mejorar los regímenes de promoción existentes, combatir la minería ilegal y la corrupción, ampliar la base tributaria, capacitar a nuestras autoridades y repensar el sistema de redistribución de los impuestos recaudados, en lugar de seguir haciendo lo mismo de siempre.
Es claro que todo esto no rendirá resultados inmediatos, pero nos pondrá en la senda del desarrollo a largo plazo, en un círculo potencialmente virtuoso para la sociedad y para la economía potenciado por el sector minero; es decir, dentro del ciclo correcto de las cosas.
