Somos testigos de tantas disputas políticas y conflictos sociales que poco a poco nos estamos acostumbrando a convivir con esto y corremos el riesgo de volvernos indiferentes a estas situaciones, a pesar que de la boca para afuera digamos que si nos importa.
En los últimos meses, hemos escuchado mucho sobre el conflicto minero de Las Bambas, que implicó el bloqueo de carreteras y que aún no se soluciona del todo.
Con respecto al proyecto minero Tía María, hace unos meses, los alcaldes distritales y provincial de Islay entregaron al Gobierno Regional de Arequipa un memorial en el que señalan que no puede existir el proyecto minero Tía María sin haber solucionado el problema hídrico en dicha provincia.
El proyecto minero Conga es otro que genera potencial conflicto, pues los comuneros de las provincias de Celendín y Hualgayoc (de Cajamarca) solicitan la declaración de la inviabilidad de dicho proyecto. Y podríamos seguir enumerando más proyectos mineros en conflicto.
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que la cartera de inversiones mineras supera los US$ 59,134 millones, correspondientes a una cartera de 48 proyectos mineros, y que en este año sumarán US$ 3,441 millones en ampliaciones y nuevos proyectos. El reto que tiene el gobierno es dar las condiciones para que estas millonarias inversiones se den; de lo contrario, simplemente quedarán en estadística.
¿Es razonable pensar que las empresas mineras invertirán dicha cantidad en los próximos años cuando somos testigos de problemas en el norte y sur del país? Si no hay una posición firme y decidida del gobierno para apoyar a la industria minera, va a ser complicado que podamos atraer mayor inversión minera en detrimento de países con condiciones sociales más favorables como por ejemplo Chile y México, por citar dos países latinoamericanos.
Cuando se produce un conflicto social, los impactos negativos son evidentes. Por ejemplo, el costo de no desarrollar Conga ha sido una de las causas que Cajamarca sea una de las regiones más pobres del Perú, aunque los detractores de la minería no lo quieran aceptar.
En este contexto, ¿qué papel debe jugar el gobierno y la empresa minera? En primer lugar, el gobierno debe entender, sin dudas ni murmuraciones, que la actividad minera, más allá de la empresa que la desarrolle, es fundamental para el crecimiento del país.
Es inconcebible que podamos hablar de desarrollo en el Perú sin hablar de la minería. Recordemos que la minería legal está presente en lugares donde el Estado no tiene presencia, crea puestos de trabajo e infraestructura de calidad, promueve las actividades autosostenibles de las comunidades aledañas, protege el medio ambiente y paga sus impuestos.
Se observa con beneplácito que el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina Martínez, ha manifestado recientemente que buscará un grupo de expertos que planteen una estrategia más eficaz para atender los problemas y que el diálogo llegue antes que se desborde el conflicto. El papel que debe jugar el viceministerio es fundamental para garantizar la inversión minera en el Perú y, dicha declaración no debe quedar solo en buenas intenciones.
También es hora que los gobiernos regionales generen y desarrollen con celeridad proyectos de verdadero impacto en las comunidades. Gran parte de los conflictos generados se deben a que el Estado ha sido incapaz de llegar a todos los rincones del Perú a pesar de los ingentes recursos que se han obtenido de los impuestos pagados por las empresas mineras.
Y las empresas mineras, ¿qué deben hacer? Las empresas tienen que mimetizarse y comunicarse mejor con la población y las comunidades aledañas. Cada vez hay más resistencia hacia la minería y los empresarios mineros tendrán que hilar muy fino desde el principio, y no cuando el conflicto ya estalló.
Las estrategias deberán ser bien planteadas desde el inicio para garantizar la obtención de la llamada “licencia social” y comunicar adecuadamente los beneficios de la inversión minera. Por ejemplo, la minería moderna ha resultado vital para el desarrollo de Apurímac y Áncash. En esta última región, entre el 2011 y el 2017, la transferencia por canon fue de alrededor de S/4,718 millones, mientras que en Apurímac ascendió a S/42 millones.
Hay muchísimas cosas más que deben hacerse para avanzar en estas épocas complicadas; sin embargo, nada de esto será posible si gobierno y empresa privada no trabajan como socios de un proyecto. Es hora de trabajar juntos, con decisión y coordinados. El Perú saldrá beneficiado.
*foto referencial
