Tras el anuncio del Ejecutivo, empresarios mineros alertaron que 54,000 familias peruanas, muchas de ellas en Ayacucho, perderán sus empleos.
El viernes 19 de noviembre, desde Ayacucho, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció el cierre definitivo de cuatro operaciones mineras, bajo el argumento que “afectaban cabeceras de cuencas”.
De igual manera, la jefa de ministros del Gobierno de Pedro Castillo, aseguró que “no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración”.
Responden los gremios y empresarios
Frente a ello, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) junto con las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa) rechazaron esta disposición.
También destacaron que se trata de una medida arbitraria e ilegal realizada por la primera ministra, Mirtha Vásquez, y señalaron que la funcionaria pública está atentando contra el Estado de Derecho.
“La primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”, expresó Oscar Caipo, presidente de la Confiep.
“Nunca aceptaron reunirse”
Por su parte los representantes de las 3 compañías mineras afectadas, como son Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa), manifestaron que solicitaron reunirse con la premier Vásquez; sin embargo, nunca hubo respuesta.
Además, los representantes de las empresas mineras y los voceros de los gremios resaltaron que la premier acordó negociar el cierre unilateral de las 4 unidades mineras
“Nosotros nos hemos enterado a través de mensajes en sus redes sociales”, manifestaron.
Asimismo, indicaron que al no permitirse ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.
Por su parte, Guillermo Shinno, gerente general de Compañía Minera Apumayo, expresó que la empresa tiene intenciones de seguir con su actividad minera pues tienen planes de expansión.
“Vamos a ejercer todos nuestros derechos, y si hay que acudir a instancias judiciales, lo haremos”, subrayó.
A su turno, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares, filial de Hochschild, negó que sus operaciones contaminen el medio ambiente.
Además, enfatizó que Ares cuenta con todos los permisos necesarios para operar al tiempo que cumplen con elevados estándares.
Impactos negativos
Asimismo, durante la conferencia, Raúl Jacob, presidente de la SNMPE consideró preocupante estos recientes anuncios porque solo terminarán por desalentar la inversión minera, una actividad que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país.
En esa línea, recordó que para este año se proyecta que el sector minero formal y responsable genere más de S/ 12,500 millones de soles en recaudación tributaria en beneficio de todos los peruanos.
“Con este anuncio ilegal de cierres de minas 54,000 familias peruanas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo”, señaló Raúl Jacob.
