Entre setiembre del año pasado y febrero del 2024, se identificó que estos vehículos pertenecen a empresas cuyos gerentes están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La minería ilegal en Pataz (provincia y región de La Libertad) viene poniendo en vilo a la seguridad ciudadana con presencia de organizaciones criminales, fuera de que éstas consiguen documentos para “blanquear” el origen de este mineral y lograr exportarlo.
Según un informe de El Comercio, que considera solo el área de concesión de las tres mineras formales de la zona (Poderosa, Horizonte y Marsa), se identificó que, entre setiembre del año pasado y febrero del 2024, salieron 3.417 volquetes cargados de mineral que no pertenecen ni trabajan para ninguna de las tres compañías. Esto representa un promedio de 22 vehículos cada día con capacidad de 20 a 30 toneladas cada uno.
Tras un análisis de las placas de los vehículos, se verificó que la mayoría corresponde a empresas cuyos gerentes están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
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Cada volquete extrae el material en bruto de socavones y galerías, lo cual coincide con los constantes reportes de compañías formales por ingresos a sus túneles para este fin. Luego proceden al traslado y procesamiento del mineral para su exportación, pasos en los que se realiza el “blanqueamiento” del oro ilegal.
Según la fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Transitoria de La Libertad, Patricia Ponce Saavedra, el problema es que pese a que son camiones que contienen minerales extraídos de forma ilegal, obtienen documentos formales cuyo origen no puede confirmarse y sobre los que no hay una correcta fiscalización.
Hipótesis fiscal
Las hipótesis indican que los mineros de REINFO forman parte de la cadena, venden estas guías a los ilegales o son extorsionados por ellos para que las brinden.
“Incluso si hubiera voluntad de fiscalización, no hay capacidad operativa para confirmar si los volquetes provienen de la concesión con los papeles en regla”, dijo Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV).
En estos casos los procedimientos indican que solo se ve el documento y la intervención de la Policía no es posible pues se trata de un tema administrativo.
Aunque la minería ilegal sí esté incluida como parte del Código Penal del Perú como un delito, la forma en la que el artículo específico está planteado no incluye el transporte como parte de esta infracción, algo que sería utilizado por las mineras ilegales para que no se intervengan sus vehículos.
Según el registro de plantas autorizadas para el beneficio de minerales, solo en Ica existen 16 plantas de este tipo para las actividades de “pequeña y mediana minería” y a nivel nacional se calcula que hay 117 de ellas, sin embargo el número sería ‘referencial’ según la propia plataforma del Minem.
