La Central Nacional de Federaciones de la Pequeña Minería instó al Gobierno a permitir que la pequeña minería y la minería artesanal puedan operar a pesar de las restricciones que se mantienen sobre diversos sectores para mitigar los contagios por coronavirus, con el fin de contribuir a la reactivación de la econnomía.
El gremio señaló, citando al economista Hernando de Soto, que los pequeños emprendedores mineros del Perú se encuentran sentados sobre reservas mineras probadas que tienen un valor 18 veces mayor que el presupuesto anual del Estado peruano, que además provienen generalmente de las clases populares del Perú y se encuentran, en su mayoría, asociados a los que habitan la superficie de los grandes yacimientos mineros.
Citando la propuesta que el economista De Soto hace en el artículo “Cómo reactivar la economía sin endeudarnos (demasiado)”, el gremio insta al Gobierno a “crear las condiciones para que los flujos de dinero (de la pequeña minería) se consoliden en activos tangibles, y que le permitan al minero consolidarse formalmente en la economía” y en el sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional.
Para ello, señala, se requiere de un marco jurídico oportuno para que los 400,000 pequeños mineros puedan capitalizar sus activos. «Y a través de medidas audaces se nos otorguen las acreditaciones formales sobre nuestras operaciones y labores mineras”, precisan.
Además, sostiene que, pasando a la condición de minero formal a todo el sector, a través de la emisión de títulos y/o certificados a nombre del titular de la operación minera, los bancos de inversión del sistema financiero internacional estarían dispuestos a invertir de forma conjunta con el pequeño productor minero, lo que permitiría apalancar la economía ante la crisis.
En el mencionado artículo de Hernando de Soto, el autor señala que los informales en el país, en especial de los sector minero y agrícola, tienen capacidad de generar más dinero que la capacidad de endeudamiento del país y el presupuesto del Estado peruano, por lo que el Gobierno podría contribuir a transformar sus “títulos no perfectos” de posesión con el fin de que sean aceptados en los mercados financieros y puedan formar capital.
“El presupuesto estatal asciende a alrededor de US$ 53,000 millones y el tope de su capacidad de endeudamiento, considerando estándares internacionales, es unos US$ 132,000 millones. Esto contrasta con la propiedad de los informales mineros y los del sector agrícola, cuyos títulos sobre la superficie de la tierra no son perfectos, pero que de serlo podrían ser combinados con los títulos formales en el subsuelo mineralizado para formar capital en base a US$ 960,000 millones de reservas probadas de mineras, gasíferas y petroleras –o sea, siete veces más que el presupuesto y la capacidad de endeudarse del Estado”, indica.
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