Perú suspendió conversaciones con la minera Southern Copper sobre su millonario proyecto de cobre Tía María mientras no aclare su responsabilidad en relación a denuncias de un presunto «hecho delictivo» que involucra a un líder antiminero, dijo el lunes la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz.
Tras siete semanas de marchas de agricultores en contra del proyecto, de US$1.400 millones, medios de comunicación revelaron audios con lo que sería la voz del dirigente Pepe Julio Gutiérrez pidiendo dinero, a un abogado que dijo actuaba como mediador de la empresa, para detener las protestas.
«En efecto, he suspendido las conversaciones con Southern en tanto no se aclare su participación en este hecho delictivo», dijo la ministra Ortiz en un correo electrónico enviado a Reuters respondiendo a una solicitud de confirmación sobre si se había detenido el diálogo luego de la difusión del audio.
Además Ortiz afirmó que solicitó la presencia en Lima de Germán Larrea, presidente del Grupo México, dueña de Southern Copper, para esclarecer el tema.
«Estoy a la espera de que me confirme cuándo (Larrea) arribará a Lima», dijo la ministra.
Southern Copper no respondió a comentarios sobre el tema pese a reiteradas consultas de Reuters. En un aviso publicado a toda página en el diario El Comercio, la minera negó su participación en actos ilegales y afirmó que el abogado Jesús Gómez, quien afirma ser el interlocutor con Gutiérrez, no trabaja para la compañía.
Reuters no ha podido confirmar la autenticidad de los audios difundidos la semana pasada y que implican a la firma minera en una presunta negociación para una entrega de dinero a los opositores del proyecto Tía María y detener las protestas.
El Gobierno ya denunció por presunta extorsión a Gutiérrez, quien también ha rechazado las acusaciones en su contra.
Evalúan denuncia. También evalúa acusar penalmente a Southern Copper si le encuentra responsabilidad en el «hecho delictivo» y estaba recopilando información en torno al tema, dijo por su parte una fuente del Ministerio de Energía y Minas.
El fin de semana, el Gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el ingreso de las fuerzas armadas a la zona de protesta para tomar el control y restablecer el orden.
Según la autorización, los militares estarán en Islay, epicentro de la protesta, hasta el 7 junio.
Las conversaciones que realizaba el Gobierno con la minera buscaban solucionar el conflicto social mientras la compañía espera la licencia oficial de construcción para que comience a ejecutar el proyecto ubicado en la región sureña de Arequipa.
El Gobierno también ha forjado una mesa de diálogo entre autoridades y agricultores para solucionar la protesta, pero los dirigentes antimineros han abandonado esas conversaciones.
La minería es una actividad clave para la economía del país andino porque sus ventas representan alrededor del 60% del total de sus exportaciones.
Perú es el tercer productor mundial de cobre.
Varias comunidades del valle de Tambo del distrito Islay, en Arequipa, comenzaron a fines de marzo las protestas contra Tía María y se han registrado tres muertos y más de 200 heridos en hecho violentos alrededor de las manifestaciones.
Los pobladores rechazan el plan por temores a que su operación contamine sus tierras y sus fuentes de agua.
Southern Copper asegura que no dañará el medio ambiente de la zona porque usará agua del mar para operar la mina.
Tía María, que podría producir 120.000 toneladas de cobre, es un plan que lleva varios años retrasado debido a protestas.
En el 2011, tres personas murieron por choques con la policía y el Gobierno ordenó a Southern Copper un nuevo estudio ambiental sobre Tía María, el cual fue aprobado el año pasado.
Varios proyectos mineros en el país han sido suspendidos en los últimos años en medio de protestas, entre ellos Conga, un plan aurífero de US$5.000 millones de la estadounidense Newmont Mining y la peruana Buenaventura.
