Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo, pero los conflictos sociales y la burocracia le dificultan beneficiarse del ciclo de altos precios de los minerales.
El sector minero peruano cayó 13.16% en el 2020, en línea con la baja del PBI tras una larga cuarentena por la pandemia del COVID, pero el repunte de los precios este año podría ayudar a reactivar la economía de un país donde el 60% de los ingresos por exportaciones provienen de la minería.
Perú posee enormes reservas y tiene una cartera oficial por US$ 57.742 millones de inversión en 48 proyectos, dos tercios de ellos de cobre.
Pero las demoras para obtener las concesiones y los conflictos que atrasan o impiden el inicio de la producción han hecho caer al país 20 lugares al puesto 34 en el ranking de competitividad global en minería del Instituto Fraser de Canadá.
“Es un mensaje claro de los inversionistas. Contar con un alto potencial geológico y de recursos no es suficiente, hace falta tener la seguridad de que esa inversión redituará ganancias”, comenta Miriam Loli, socia de la firma de auditoría Deloitte Perú.
“Ante la incertidumbre política y sobre todo de poder lograr la ‘licencia social’ [el apoyo de la comunidad al proyecto], (las transnacionales mineras) prefieren destinar sus inversiones hacia otras jurisdicciones”, agrega.
El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, menciona que hay “dos grandes impedimentos: la conflictividad social y la ‘tramitocracia’”, aludiendo a una multiplicación por 20 en los últimos años de la permisología permisos y requisitos para una concesión.
Tía María y Las Bambas
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) reportó 196 conflictos sociales en enero, con 63% de los casos con al menos un hecho de violencia. Y 42% de los conflictos (83) corresponden a la actividad minera.
De la Flor afirma que la conflictividad “ha sido perturbadora de la inversión y se está convirtiendo en uno de los principales escollos” para la minería, por continuas protestas y reclamos de comunidades cercanas a las minas, que suelen ser pobres y carecen de servicios públicos básicos.
De la Flor acusa a “la incapacidad del Estado de transformar los recursos que se están generando”, US$ 11,000 millones en la última década, según calcula, y que no se han traducido en “mejor calidad de vida por falta de ejecución y de calidad de gasto”.
Otra señal poco alentadora son los comentarios de algunos candidatos a la presidencia en las elecciones del 11 de abril, prometiendo archivar los proyectos cuestionados por las comunidades, como Tía María o Las Bambas, de cobre. Ambos suman US$ 12,000 millones en inversión.
Loli subraya que “el apoyo dado por el sector minero a sus comunidades vecinas durante la pandemia es un buen ejemplo de cómo puede comportarse como un buen vecino”, y menciona también los casos de empresas -como la Southern- que donaron oxígeno medicinal, muy escaso y vital para atender a pacientes graves.
Pero advierte que “las empresas no pueden ser el reemplazo de rol del Estado”, y que “sin involucramiento claro y directo del gobierno, difícilmente se lograrán destrabar los proyectos paralizados por conflictividad”.
“Más permisología”
Con la reactivación económica mundial tras la pandemia se va a necesitar mucho cobre y otros minerales que produce Perú, como el litio, dice el geólogo Enrique Garay, del Instituto de Ingenieros de Minas.
Pero la caída de la inversión en exploración va a demorar la entrada en producción de los proyectos, dice Garay.
Mientras en el 2018 se invirtieron US$ 610 millones en exploración, en el 2020 fueron solo US$ 365 millones, pero no hace mucho tiempo eran US$ 1,000 millones anuales.
La falta de interés en la exploración se debe a la burocracia, según este experto.
“Obtener un permiso de perforación en Perú demora entre 18 y 24 meses”, frente a “tres meses en Chile y dos semanas en Canadá”, dice Garay.
Menciona que la mina cuprífera Antamina a partir de 1998 tuvo que gestionar 250 permisos y que dos décadas después, Las Bambas ha tramitado 1,032.
“¿Qué pasó desde 1998? No pasó nada catastrófico, lo que aumentó fue la burocracia, la ‘permisología’. La burocracia frena el desarrollo minero”, agrega Garay.
La minería aportó a Perú el 16% de la inversión privada durante la última década (unos US$ 59,000 millones), genera 1.8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60% de las exportaciones.
El economista Diego Maceda, del Instituto Peruano de Economía (IPE), asegura que si se pone en marcha toda la cartera de proyectos mineros para el año 2030, aumentaría en 25% el PBI peruano, se elevarían en 66% las exportaciones y se crearían 2.3 millones de empleos.
Fuente: Agencia AFP.
