Así sostiene la CONFIEP y enfatiza que la Primera Ministra ha normalizado y justificado la violencia.
Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) la primera ministra, Mirtha Vásquez, solo está confundiendo al país sobre los planes de cierre de minas.
“Todo proyecto minero cuenta con estos planes los mismos que son considerados instrumentos de gestión ambiental “vivos” o “dinámicos”, pues se actualizan en función al hallazgo de recursos y su impacto en la extensión de la vida útil de las minas. Lamentamos que desde la PCM se esté utilizando políticamente un instrumento técnico que debe manejarse conforme a las leyes que aplican a la industria”, manifestó el gremio.
Asimismo, enfatizó que el cierre de las operaciones anunciado por la Primera Ministra haría que más de 54,000 familias peruanas, muchas de ellas en Ayacucho, pierdan sus puestos de trabajo.
“Anuncios como el formulado desalientan la inversión privada en momentos en que más necesitamos impulsar la recuperación económica”, resaltó la CONFIEP.
“Justifica la violencia”
En otra parte de su comunicado, el gremio empresarial cuestionó la actitud de la funcionaria pública por avalar la violencia.
“Es preocupante las acciones de la Primera Ministra que normalizan y justifican la violencia. Los mensajes erráticos y contradictorios del Gobierno continúan generando inestabilidad, incertidumbre y falta de predictibilidad”, informó.
De igual manera, señaló que el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho solo “vulneran el Estado de Derecho, al atribuirse la Primera Ministra facultades que no le corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, por ser competencia exclusiva de otras entidades públicas competentes”.
“Solicitamos a la Primera Ministra que rectifique los acuerdos ilegales del acta suscrita en Cora Cora y al presidente Pedro Castillo le pedimos que sea consecuente con las declaraciones dadas a favor de la promoción de la inversión privada, aclarando esta situación que vulnera el Estado de Derecho, daña la institucionalidad y afecta a todos los sectores económicos del país”, puntualizó la CONFIEP.
