Para el abogado especialista en minería, la derogatoria del decreto legislativo 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal, es una muestra de ello.
El Congreso de la República tiene una aparente intención de congraciarse con la minería ilegal, sostuvo Rafael Lengua, abogado especialista en energía, minería y recursos naturales, en diálogo exclusivo con Rumbo Minero.
Mal mensaje
Y es que para el abogado, la derogatoria del decreto legislativo 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal, es una muy mala señal sobre cómo las autoridades actúan frente a este problema complejo. Cabe recordar que los gremios empresariales del país han considerado a la medida como un respaldo al crimen organizado y la minería ilegal.
«Por el lado del Congreso hay una aparente o la percepción de una alianza o intención de congraciarse con un sector de mineros ilegales e informales, que todos sabemos que realizan una actividad bastante nociva para el país y ese es un mensaje muy negativo», apuntó.
Agregó que, como país, a nivel de las instituciones y autoridades, se debe tener un mensaje directo, frontal y firme contra la minería ilegal.
«Que es una actividad criminal, diferenciémosla de la minería a pequeña escala y en proceso de formalización», comentó.
Resaltó que el proceso de formalización minera que data del 2012 ha sido un fracaso, ya que el número de mineros con registro vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) asciende al 20% del total de inscritos.
Agregó que el proceso no brinda un beneficio real a los mineros que buscan formalizarse y solo ha creado más tramitología, que ya es un problema para las empresas formales «que luchan día a día contra esos trámites».
«Ha sido un proceso pensado en la imposición y la creación de trámites administrativos para que los mineros cumplir para formalizarse y la tramitología es un problema, genera un costo para las empresas que lo tienen que cumplir. El sistema, la estrategia y el proceso no les da un beneficio real, hoy el único para querer formalizarse es no ser ilegal y no tienen un incentivo real para que lo hagan», argumentó.
Ventanilla Única Digital (VUD)
Respecto a la implementación de la Ventanilla Única Digital (VUD), dijo que es positivo que se haga, pero que el avance a la fecha es «marginal» y no se ven resultados concretos.
«No es sencillo y no parte solo de la aprobación de una norma, pues se necesita tener una estrategia, política, personal e infraestructura que se requiere para implementar algo de este tipo», aseveró.
De otro lado, el socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría comentó que el anuncio del Ministerio de Energía y Minas para que una autoridad autónoma asuma la formalización minera, que a la fecha está a cargo de las DREM, «rectifica» el silencio del Gobierno ante la norma que aprobó el Congreso para derogar las decisiones sobre la minería ilegal.
«¿Una autoridad autónoma va a ser la solución al problema? Por sí misma, no; tal vez es parte de la solución, pero mientras esto no se enfrente de manera integral y no se elabore una estrategia que identifique los costos de la formalización y los incentivos, separando el trigo de la paja, no vamos a avanzar», concluyó.
