«Estamos en un momento de gran preocupación; vemos que la conflictividad alrededor de las operaciones mineras está aumentando de manera descontrolada», dijo.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, consideró que la politización en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha incidido en que al Gobierno se le salga de las manos la gestión de los conflictos sociales.
«Desde nuestra percepción los equipos que manejan conflictos sociales en general en el sector público se han debilitado. No tienen las mismas habilidades (que antes)», dijo en diálogo con Perú21.
Además, «en algunos casos hay personas que no están calificadas para llevar adelante el nivel de buen componedor, que es lo que corresponde al Estado en el caso de los conflictos, pero antes de que calen actos de violencia (…). Y esto lo que genera es que los conflictos, en vez de solucionarse cuando están en su fase inicial, crezcan y que en algunos casos se vuelvan ya mucho más complicados, con ofensas».
Luego de lo observado en el bloqueo que paralizó Cuajone y la invasión a Las Bambas, Jacob lamentó que «estamos en un momento de gran preocupación porque lo que vemos nosotros es que la conflictividad alrededor de las operaciones mineras está aumentando de manera descontrolada».
Recordó que «antes los proyectos eran los que solían tener los conflictos sociales. Muchas veces sucedía que, antes de empezar a hacerse algo nuevo (un proyecto), las comunidades alrededor de la zona estaban preocupadas y querían tener algún tipo de conversación y se discutía sobre el programa social que se había planteado para la comunidad cercana al proyecto en el área de influencia directa».
«Pero en los últimas semanas o meses estamos viendo que se ha pasado de esta situación, que se veía en proyectos, a operaciones existentes específicamente», anotó.
Caso Las Bambas
Hasta la semana pasada se contaban al menos 27 daños materiales en Las bambas. Para el representante gremial «ahora es incluso peor. Y, además, hay una actitud muy intransigente de parte de la comunidad porque están pidiendo que se suspenda el estado de emergencia para iniciar un proceso de diálogo, que, además, durante ese proceso de diálogo no opere la operación minera, y yo creo que eso es un exceso total».
«En primer lugar, la operación minera es justamente lo que permite el sustento de los 8,000 trabajadores y las familias de estos de Las Bambas y de los aproximadamente 70,000 proveedores, de los cuales más de la mitad vive entre Apurímac y Cusco», indicó.
Agregó que hay que tener un poco de proporción. «O sea, se puede llevar un proceso de diálogo, se puede llevar una conversación, pero dentro de cierto nivel de racionalidad y en este caso confiscar o impedir que se efectúe una operación, que es algo, entre paréntesis, ilegal», dijo.
Como se sabe la comunidad ha pedido que se elimine el estado de emergencia para acceder a la mesa de diálogo. Para Jacob, ello «estaría fuera de lugar».
«Creo que el Gobierno más bien debe llevar adelante de manera adecuada un plan de pacificación de la zona», remarcó.
Para eso hay elementos dentro del Estado de derecho. Así, «la Fiscalía de Prevención del Delito que puede intervenir; la Policía Nacional en muchos casos lo puede hacer de manera adecuada, para que se mantenga la tranquilidad que se necesita para iniciar un proceso de diálogo».
«No se puede conversar con una situación en la cual hay una presión de tipo violentista», enfatizó.
Caso Cuajone
Jacob mencionó que hoy se va a instalar en Moquegua la mesa de diálogo. Recordó que el último sábado salió la resolución ministerial que creaba la mesa de diálogo en un texto que fue concertado con la compañía y la comunidad.
«Las dos partes han estado de acuerdo en el texto», aseguró.
Añadió que «la resolución indicaba que debía instalarse la mesa en los siguientes cinco días útiles, pero el gobierno ha visto con mucho interés la instalación esta semana y la compañía ciertamente va a asistir».
