De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los municipios de Áncash -donde se ubica Antamina- reportaron las menores tasas de gasto público.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) define al Canon Minero como la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.
De acuerdo con la legislación peruana, el Canon Minero está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que proviene de los pagos realizados por las empresas mineras por extraer los recursos minerales, metálicos y no metálicos.
Nivel de gastos
Recientemente, un estudio publicado en El Comercio -y con información del MEF- reveló que, en el caso de los gobiernos locales (83 municipalidades) se les asignó un presupuesto conjunto por S/ 2,812 millones.
De este total, este grupo de gobiernos solo gastaron el 47% del presupuesto asignado para todo el 2021; es decir, S/ 1,325 millones.
Una región que llama la atención es Áncash, donde se encuentra la minera Antamina, y que en octubre pasado se vio obligada a detener sus operaciones frente a bloques y protestas.
Así, según la nota del diario, si bien los municipios de Áncash recibieron importantes recursos económicos; fueron las que presentaron las menores tasas de gasto público.
De igual manera, las municipalidades de La Libertad y Cajamarca ejecutaron de manera conjunta menos del 50% del presupuesto para proyectos.
SNMPE sobre canon
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advirtió que la raíz la conflictividad social no se encuentra en la normativa minera, sino en la frustración de la población por la ineficiente ejecución de los recursos del canon.
En ese sentido, consideró que el Gobierno tiene un “diagnóstico errado” sobre las causas de los conflictos sociales en el Perú, pues estos no se deben “a limitaciones o restricciones” en la Ley General de Minería, como deslizó la premier, Mirtha Vásquez.
“La conflictividad social no se resolverá cambiando la ley general de minería. Pretender eso es un enfoque equivocado”, indicó el director ejecutivo del gremio minero-energético, Pablo de la Flor.
