Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) varias disposiciones del Proyecto de Ley 3941-2014-PE (o llamado cuarto paquete) en lugar de simplificar los trámites y contribuir a las inversiones (manteniendo el nivel de exigencia de las normas ambientales), solo generarían más problemas al administrado.
“Para que SENACE apruebe un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), éste requiere contar, con opiniones técnicas vinculantes de varias instituciones públicas, sin embargo, si estas no las envíen en el plazo de 50 días, todo el expediente de solicitud de aprobación del EIA se archiva. Es decir, el administrado sería castigado con la conclusión de su procedimiento porque una institución/funcionario no cumplió con su función de evaluación en el tiempo estipulado”, explicó la SNMPE.
Asimismo, se plantea un novel Sistema Integrado de Certificación en el marco de la ventanilla única de certificación ambiental, donde el administrado puede optar por elaborar y presentar un expediente de EIA-d, integrando varias otras solicitudes de permisos obligatorios que requieren la emisión de informes técnicos favorables por parte de las entidades a cargo de emitirlos.
“Si el SENACE no obtiene dichos informes de las instituciones públicas involucradas, en el plazo dado, excluye el permiso y tocará al administrado presentar, ahora en forma independiente, aquellas solicitudes que inicialmente integró. Es decir, nuevamente el administrado es castigado porque la ventanilla única no cumple con su propósito”, cuestionó.
Bajo este contexto, el gremio consideró que ante estas circunstancias se deben de analizar que los esfuerzos que se hagan por dinamizar la economía, resulten efectivos y no en un contrasentido, complicando aún más el sistema administrativo del Estado.
