Según la presidenta del Sector Minero de la SNMPE, la rentabilidad social debe ser concebida como una actuación conjunta entre el Estado, la empresa privada y la ciudadanía.
El titular del Ministerio del Energía y Minas (Minem), Iván Merino, manifestó que la rentabilidad social “implica varios puntos”, como la dinamización de la economía, obras de infraestructura, el uso de nuevas tecnologías, el respeto a las culturas, el cuidado del medio ambiente y el enfoque territorial.
Así lo dijo durante su participación en IV encuentro «Camino al Simposium del oro, la plata y el cobre» bajo el título de «Rentabilidad Social y la Minería Peruana», organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Indicó también que el país tiene ventajas concretas para el desarrollo de la minería, pues cuenta con información geológica veraz, una tradición minera de siglos, un Estado promotor de esta actividad y ricos yacimientos minerales.
“Nuestra razón de ser es promover la minería, con reglas estables y claras”, dijo Merino en el foro virtual.
A su turno, Magaly Bardales, presidenta del Sector Minero de la SNMPE, aseguró que la rentabilidad social “ya forma parte de la actuación de las empresas mineras formales”, y que esta se aplica “durante todo el desarrollo de sus operaciones”.
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Subrayó que la rentabilidad social debe ser concebida “como una interrelación y actuación conjunta entre diferentes actores [Estado, empresa privada y población] de acuerdo con sus roles específicos”.
Asimismo, indicó que esta es una oportunidad para mejorar el uso que se le brinda al canon y las regalías para el cierre de brechas del país. “Como gremio, presentamos muchas propuestas al Gobierno y estamos a disposición para articular esfuerzos que generen un mayor valor para la gestión pública”, mencionó.
Rentabilidad social como política y cultura de las operaciones
Bardales destacó que, en la última década, el sector minero nacional ha representado el 16% de la inversión privada ejecutada en el país y ha aportado al Estado el 20% de tributos, además de generar casi 2 millones de empleos y ampliar en 40% el valor de la producción del sector a través de sus compras a proveedores, dinamizando también las economías locales del país.
«Generamos empleo formal; operamos con altos estándares de seguridad y gestión ambiental; contribuimos de manera importante en la recaudación de impuestos, generando un significativo aporte económico que brinda oportunidades de desarrollo; y actuamos con total respeto por los derechos humanos”, precisó.
En su exposición indicó que la inversión privada es clave para la generación de rentabilidad social, por lo que debe ponerse en valor el portafolio de proyectos mineros del país de alrededor de US$ 60 mil millones y que comprende el desarrollo 47 proyectos, que ayudarán a acortar las brechas sociales en el país.
A su vez, Eleonora León, ex directora de la Oficina de Gestión Social del MINEM, señaló que debatir este concepto es importante y que es necesario hacerlo para lograr predictibilidad en las inversiones mineras, destacando el rol del Ministerio de Energía y Minas para liderar la industria con un enfoque multiactor y siguiendo las mejores prácticas y estándares globales en materia minera.
En tanto, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que existen varios desafíos, entre ellos una clara definición del concepto y el rol que le compete a cada actor, incluidos los gobiernos regionales.
“Hoy los proyectos [mineros] son rentables privada y socialmente”, aseguró; por ello se requiere construir sobre lo ya avanzando, no podemos desconocerlo.
Además, indicó que estamos en la necesidad de generar una reactivación económica para el país, que genere empleo, divisas y bienestar, por lo que se requiere predictibilidad y estabilidad en las reglas de juego.
Finalmente, Bettina Woll, representante del PNUD en el Perú, expresó que es importante tomar la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible como la hoja de ruta para un equilibrio entre el progreso económico, social y ambiental, sobre todo tomando en cuenta que se tratan de territorios carentes de servicios básicos plenos, como la educación y la salud.
“Esto no se puede lograr de forma aislada, si no con todos los actores del país [Estado, empresas y comunidades], mencionó.
