Para resguardar la seguridad y salud del trabajador minero.
La decisión del pleno del Congreso de la República de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, que podría extenderse por otros seis más si el Poder Ejecutivo así lo dispone, es una medida errada puesto que favorece a los intereses de la minería ilegal y de sus socios, las organizaciones criminales, que en los últimos meses han desatado una ola de violencia en el país que ha puesto en grave riesgo la seguridad de todos los peruanos.
Así lo afirmó Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al señalar que se continua con políticas que han fracasado, como es el actual proceso de formalización minera que lleva más de 22 años y que el Reinfo solo ha generado impunidad para las actividades ilícitas.
“El Congreso debió dedicarse a solucionar el problema de fondo y, por tanto, debatir de manera técnica la Ley MAPE (de la Minería Artesanal y Pequeña Minería), perfeccionarla y aprobarla, con el objetivo de lograr una norma rectora que contribuya a crear una pequeña minería y minería artesanal ordenada y que con el acompañamiento del Estado se separe la “paja del trigo”, aseveró.
El presidente de la SNMPE invocó al flamante ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, para que trabaje de manera conjunta con el Parlamento Nacional y a través de un análisis y debate técnico, se logre definir y aprobar una nueva Ley MAPE que contribuya realmente con la formalización minera y se abra una oportunidad para los jóvenes que desean salir de la informalidad y que deben trabajar en condiciones dignas.
“Esperamos ver un real sentido de urgencia, tanto del titular del Minem como de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, para que se cierre de una vez por todas este registro temporal (Reinfo) que ahora ha sido ampliado por tercera vez”, expresó.
Finalmente, indicó que en el debate sobre la futura Ley MAPE debe primar la sensatez y los intereses del Perú, más no buscar beneficios para aquellos grupos que atentan contra el Estado de Derecho, la institucionalidad, la formalidad, la economía, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
