La dimensión de la actividad minera informal e ilegal supera el millón de onzas de oro. Supera los US$ 2.000 mil millones.
La minería ilegal solo podrá erradicarse cuando el Gobierno tome el control efectivo de la ruta que siguen los explosivos, los insumos y los fondos de esta actividad delictiva. Así lo aseguró Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en entrevista con El Comercio.
Apenas son apenas cinco empresas, entre peruanas e internacionales, las que comercializan explosivos para la minería en el Perú. Por ello, para el representante del gremio minero energético, no sería “tan difícil” rastrear la ruta que recorre este peligroso insumo.
Sin embargo, la solución definitiva para resolver el problema de la minería ilegal, consideró Gobitz, es “lograr la trazabilidad” de la producción del oro.
«Creemos que en algunos sectores como Pataz (La Libertad) sí se requiere una acción militar y policial, pero la solución definitiva y de fondo es lograr la plena trazabilidad (de la producción de oro). Eso nos va a permitir entender la dimensión del problema y cómo abordarlo para que haya una formalización sostenible en el tiempo», dijo.
Agregó que «necesitamos también que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) logre la trazabilidad de los fondos».
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En una reciente reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, Gobitz señaló que sobre este tema puntual «le dijimos al ministro que, más que crear un alto comisionado para la minería ilegal, lo ideal sería que él, como ministro, sea el gran coordinador, porque esta solución va a requerir de la colaboración del sector público y privado. ¿Y por qué del privado? Porque en el sector privado hay proveedores de insumos para la minería ilegal, como explosivos y químicos. Y también hay empresas que tienen plantas de tratamiento pero que no operan minas. Ellos también deben ser parte de la solución».
Y por el lado del Estado, continuó, «necesitamos que la Sucamec, que es la entidad que otorga los permisos para el uso de explosivos, levante el estándar y sea mucho más riguroso. Y necesitamos también que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) logre la trazabilidad de los fondos. Este es un negocio de una dimensión tal que tiene que estar bancarizado. Es un dinero que no está debajo del colchón».
«La dimensión de la actividad minera informal e ilegal supera el millón de onzas de oro. Supera los US$2.000 mil millones. Entonces, necesitamos entender quién es el beneficiario final de este negocio, y para ello la SBS y la Sunat son los expertos. Necesitamos esa acción», enfatizó.
Sobre el Reinfo, Gobitz indicó que el problema es que con ello los mineros informales logran comprar explosivos e insumos químicos, llevan el mineral a una planta de beneficio y logran vender ese oro.
Así, «la solución no es fácil, pero haciendo un parangón con el tema de Petroperú, seguramente se va a tener que renovar el Reinfo, pero tiene que estar condicionado a lograr la trazabilidad para resolver el problema. Sino, es más de lo mismo».
«Más allá de si se renueva en marzo o diciembre lo que se debe hacer es resolver el problema de raíz. Sin trazabilidad plena del oro estamos jugando a la piñata, como los niños», remarcó.
Trazabilidad de la producción del oro
Para Gobitz, la trazabilidad de la producción del oro requiere atender pocos ángulos. Uno es el consumo de explosivos. «Y un tema adicional es que en la minería informal se utiliza el explosivo en cartucho. Sin embargo, toda la gran minería y parte de la minería mediana usa explosivos a granel, no en cartuchos. Entonces, no es tan difícil ir y atacar el problema, y allí la Sucamec es clave».
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De los cinco productores de explosivos, por lo menos tres son casas internacionales con altos estándares. «Y, nuevamente, quien entrega la autorización de explosivos es el Estado».
En el caso de los insumos químicos, son más proveedores, pero hay insumos que son importados. El Perú no produce cianuro, por ejemplo. «Entonces, yo como Estado debo decir: ‘¿Quién es el importador? Te voy a renovar la licencia, pero necesito el control’. El Estado tiene que tener el control», aseveró.
Y lo mismo ocurre con las refinadoras de oro. En ese sentido, «la producción de las refinadoras que sale por Aduanas y está registrada en la Sunat y debe ser controlada. Entonces, para liderar este esfuerzo se necesita al ministro de Energía y Minas, porque la fuerza para integrar a todas las entidades públicas la da el ser ministro de Estado».
«La trazabilidad del oro es un esfuerzo público y privado. No solamente público. Y tampoco es un tema eminentemente policial porque, sino, se tendría que militarizar el país, y aun así no se solucionaría el problema», anotó.
Minería artesanal e ilegal
En otro momento, el presidente de la SNMPE mencionó que también habría que hacer la distinción entre mineros artesanales e ilegales, porque no todos están en el mismo saco.
Pero, en sus palabras, «todo indica que este mundo no formalizado atrae a intermediarios que hacen dinero. Ese intermediario que vende explosivos, ese intermediario que vende insumos químicos y ese intermediario que logra exportar la producción y convertirla en dinero. Todos esos intermediarios están lucrando en el camino».
«Hemos venido insistiendo y hay documentos que presentamos en esa oportunidad. Pero la ventaja de ahora es que el nuevo ministro sí conoce el sector minero desde adentro», resaltó.
