El TC también exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar un nuevo sistema de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala.
Según diario Perú 21, el Tribunal Constitucional (TC) ha dispuesto que el Estado se abstenga de aprobar cualquier marco jurídico que exonere de responsabilidad penal, civil o administrativa a los mineros informales en el proceso de formalización minera, incluido el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La decisión se toma tras declarar improcedente, por mayoría, la demanda del Colegio de Abogados de Loreto contra los artículos 1 y 2 de la Ley 31388.
El máximo intérprete de la Constitución precisó que no puede contemplarse la impunidad penal frente a delitos ambientales, ni siquiera como parte de un régimen transitorio. La sentencia advierte que cualquier política pública que permita dicha exoneración contraviene el deber estatal de proteger el medio ambiente, derecho fundamental de toda persona.
El TC también exhortó al Congreso y al Poder Ejecutivo a diseñar y ejecutar un nuevo sistema de formalización para la minería artesanal y de pequeña escala. Esta reforma debe contar con la participación activa de los mineros informales, los titulares de concesiones y las comunidades afectadas.
En sus fundamentos, el Tribunal señala que no resulta constitucional permitir exenciones penales dentro del REINFO ni en futuras prórrogas del mismo. La Corte remarca que el derecho a un medio ambiente sano no puede ser vulnerado bajo ningún modelo normativo, temporal o permanente.
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Respecto a la formalización de la MAPE, el TC expresó preocupación por los escasos avances logrados y alertó que, si no se toman medidas urgentes, se agravarán los daños a las poblaciones vulnerables, el medio ambiente y la recaudación fiscal. También se incrementará el poder de la minería ilegal.
El fallo cuenta con los votos de los magistrados Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández. Los votos en minoría —Pacheco, Domínguez y Monteagudo— plantearon que la demanda sí debía ser acogida, aunque todos coincidieron en rechazar la exención de responsabilidad penal en el REINFO.
Esta sentencia marca un precedente clave para el futuro de la minería informal en el Perú. El mensaje del TC es claro: el proceso de formalización no puede ser sinónimo de impunidad, y el Estado debe asumir un rol activo y responsable en la protección del ambiente y la legalidad.
