Se estima que se producen más de 1 millón de onzas de oro al año de manera informal e ilegal, eso es cerca de US$ 2,000 millones y es casi el 1% del PBI, y emplea entre 400 mil a 500 mil personas.
Para Víctor Gobitz, el intento del Estado por formalizar a los mineros ilegales e informales ha tomado casi 20 años «y claramente no se aprecian resultados concretos. Pero para ponerlo en contexto, se estima que se producen más de 1 millón de onzas de oro al año de manera informal e ilegal, eso es cerca de US$ 2,000 millones y es casi el 1% del PBI, y emplea entre 400 mil a 500 mil personas».
«Eso es lo que pierde el Perú y es la real magnitud del problema. Y obviamente este tipo de actividad destruye la institucionalidad, porque compra insumos, transporta materiales a lo largo del territorio sin respetar estándares ni derechos laborales, y no responde a ningún permiso ambiental», lamentó en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Además, «últimamente, se han reportado casos de bandas criminales que están intentando tomar el control de operaciones mineras formales, sobre todo en el norte del Perú. Poderosa, que es la principal productora de oro en el país, está sufriendo esta situación».
En cuanto a la gran y mediana minería de oro, Gobitz mencionó que esta se desarrolla bajo el concepto de economía a escala, es decir, grandes volúmenes y bajas leyes. Pero la minería aurífera ilegal es lo contrario, es intensiva en mano de obra y basada en contenidos metálicos más altos. Eso sí, no necesariamente ambas ocupan el mismo espacio, aunque la dinámica de la cadena productiva es similar.
«Y por eso, como industria minera conocemos cuáles son las oportunidades de mejora y qué debemos hacer para lograr juntos una formalización sostenible», anotó.
Política económica minera
El PBI nacional tiene un valor aproximado de US$ 230 mil millones y solamente en proyectos mineros hay US$ 60 mil millones. Entonces, explicó Gobitz, es uno de los pocos sectores con esa dimensión económica por desarrollar. Y, por otro lado, la minería es una industria de exportación y fundamentalmente está en territorios altoandinos y tiene que desarrollar necesariamente una logística de ingreso y salida. Y esa logística genera una franja económica que se integra a medida que se integra a mercados de mayor dimensión.
«Entonces, si se ve la planificación del país con ese concepto, con la dimensión de inversión asociada al tamaño de la economía del Perú y además con la oportunidad de integrar espacios, esa es la manera que uno puede entender el porqué de la correlación entre minería y muchos otros sectores como vivienda, construcción, energía, turismo y agricultura, pues todos harían uso de esas sinergias que producen estos corredores económicos», anotó.
Portafolio de inversiones brownfield en Perú
Los proyectos brownfield son operaciones existentes que generalmente buscan extender la vida útil del activo o ampliar la producción. Y en ese caso, parten de un conocimiento del espacio que ya ocupan, y lo que se esperaría es que el Estado sea más ágil en la revisión de los estudios ambientales y que los acuerdos con los propietarios de los terrenos se alcancen en un proceso más rápido. «Esto es importante porque dará sostenibilidad al nivel de producción ya alcanzado».
En cuanto a los proyectos greenfield, «lo que se requiere también es un Estado ágil para la aprobación de los permisos y acuerdos expeditivos de acceso a tierras».
Y como tercer componente, «necesitamos también que las empresas mineras desarrollen un concepto de asociatividad, pues hay proyectos que pueden asociarse porque están en el mismo distrito y así tener infraestructura común, lo que puede hacer que los niveles de inversión sean menores, las formas de implementar sean más rápidas y los acuerdos de tierras y permisos ambientales sean más fáciles de obtener».
«Para ser más concretos, en el norte peruano, si miramos a Cajamarca nos daremos cuenta de que es una región no costera que tiene proyectos de gran dimensión, como La Granja, Michiquillay, Galeno y Conga», señaló.
Y lo primero que se debe hacer, mencionó, «es debatir sobre cuál será el puerto de salida que tendrá esa futura producción. Y por otro lado se requiere energía, agua, depósitos de relaves, etc. Una infraestructura que pueda ser común. Entonces, si estos cuatro proyectos se desarrollan de manera aislada, tomará mucho tiempo».
«Pero otra alternativa mejor es que se logre la asociatividad entre ellos, ya sea compartiendo infraestructura o creando una entidad donde se agrupen todas las concesiones y se optimice la secuencia de minado», destacó.
Factores que restan competitividad
Para Gobitz, son tres los factores que restan competitividad a la industria minera nacional. Así, «el primero tiene que ver con los trámites administrativos, los permisos ambientales y licencias operacionales».
«Creemos que lo ideal es que haya una sola entidad que represente al Estado y tenga una mirada holística desde la Presidencia del Consejo de Ministros, para así ser la manera más eficiente de acelerar la obtención de permisos sin cambiar los estándares».
El segundo factor está relacionado con el acceso a tierras, donde se necesita el esfuerzo público y privado para que se vea al proyecto minero como un potencial catalizador del desarrollo del territorio.
«Si solo consideramos al proyecto como la oportunidad de obtener dinero o crear un peaje, tendríamos una mirada errónea. Pero si lo consideramos como la oportunidad de generar un eje económico que permita enlazar terrenos altoandinos con la costa, podría ser una mirada muy beneficiosa».
Y el tercer factor, no menor, es el tema de infraestructura pública. La actividad minera es una industria de exportación y requiere unir los proyectos mineros con el plan de desarrollo de infraestructura pública en el Perú, pues necesitamos un enlace entre el desarrollo de carreteras, puertos y líneas de transmisión, que acompañe este conjunto de proyectos y así podríamos lograr más sinergias, lo cual sería un círculo virtuoso.
