ENERGÍA. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, afirmó que de aprobarse el Proyecto de Ley N° 2320/2017-CR, se afectaría la competitividad del Perú al generar mayores costos de producción, principalmente para la pequeña y mediana empresa; y elevaría las tarifas eléctricas que paga la población.
Márquez sostuvo que el Perú es una economía de mercado en la que la mayoría de precios se fijan por la libre oferta y demanda. Sin embargo, la tarifa eléctrica es un componente esencial de la canasta de consumo y de los costos industriales que depende de monopolios eléctricos.
Por ello, advirtió, si el Congreso aprobase el Proyecto de Ley 2320/2017, estaría incrementando el poder de estos monopolios y, de esta forma, recortaría aún más la competencia y la libertad, en perjuicio de hogares e industrias a través de mayores tarifas eléctricas.
El titular de la SNI explicó que la iniciativa legislativa ha tenido observaciones formales de parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional (COES) y Osinergmin.
El proyecto incorpora costos fijos como parte del costo variable, lo que causa el aumento artificial de este, al imputar componentes que no corresponden técnicamente. Como consecuencia, agregó Márquez, el proyecto de ley tendría como efecto inmediato un incremento de 150% en los costos marginales de electricidad. Además, en el mediano plazo, incrementaría la tarifa eléctrica un 10% en la facturación para el consumidor final (hogares).
La propuesta legislativa, debatida este martes 02 en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, aumenta los requisitos para que un usuario eléctrico pueda participar como consumidor en el mercado libre, quintuplicando la exigencia de máxima demanda anual (de 200 kW a 1000 kW). Ello impedirá que empresas pequeñas y medianas puedan acceder a costos más bajos de energía y favorecerá a los monopolios de la distribución eléctrica.
“Esto afectará a más de 800 empresas que crean empleo formal y proveen productos y servicios esenciales para la población, como alimentos, bebidas, textiles, agroindustria, metalmecánico, medicamentos, agua, entre otros. Pero, sobre todo, perjudicará a medio millón de pequeños negocios y siete millones de familias”, declaró.
Márquez alertó que, de esta forma, el proyecto generará el efecto opuesto que pretende, al incrementar los costos de la PYME y, en especial, encarecer la canasta básica de los consumidores.
Por ello, invocó que temas de alta complejidad técnica y que son de gran relevancia para la población, sean tratados también en ámbitos especializados con el órgano rector de cada sector, en este caso, el de energía, como lo sugiere también el propio MEM; y con la abierta participación de todos los agentes afectados.
