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Nueva Refinería de Talara no cuenta con un estudio de riesgos vigente

La demora en la actualización del estudio de riesgos y el plan de contingencia del megaproyecto afecta la obtención de las pólizas de seguros correspondientes.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aduce que la relajación regulatoria es necesaria para que la nueva refinería de Talara (NRT) pueda vender combustibles. El complejo de Petroperú parece estar produciendo combustibles sin contratiempos.

Sin embargo, especialistas en hidrocarburos advierten que la medida incrementa el riesgo de explosiones e incendios en el complejo.

“Lo que está faltando, justamente, es eso (el estudio de riesgos)”, reconoció Oscar Vera, titular del Minem, en conversación con el diario El Comercio un día antes de la inundación de la refinería.

Para Erick García, ex director de hidrocarburos del Minem, el estudio de riesgos es el insumo fundamental para la elaboración del plan de contingencias, el cual indica “cómo actuar en caso de una emergencia”.

“Si la refinería de Talara no cuenta con un estudio de riesgos vigente (al 2023) es obvio que tampoco cuenta con un plan de contingencias, porque uno es consecuencia del otro”, indicó.

A su turno, Arturo Vásquez, especialista en energía de Gerens, advierte que la carencia de estos dos instrumentos expone a la refinería a un alto riesgo de ocurrencia de incendios, explosiones, fuga de químicos y contaminación del agua y del aire.



Los especialistas consultados coincidieron en señalar que la demora en la actualización del estudio de riesgos y el plan de contingencia de la NRT afecta la obtención de las pólizas de seguros correspondientes.

Reglamentación para la NRT

El Minem publicó el 14 de febrero el DS 003-2023, que faculta a la NRT a operar sin todos los permisos y licencias que la ley exige por un lapso de 18 meses.

Entre ellos se encuentra la evaluación de riesgos ambientales, que es “el documento más voluminoso que existe porque requiere un análisis técnico exhaustivo”, precisó el ministro Vera. En circunstancias normales, es un trabajo que demandaría un año.

“Por esta razón es que se ha dado ese decreto, para dar tiempo a la autoridad [Osinergmin] de revisarlo y que durante ese lapso no nos paren la opción de vender [combustibles]. ¿Porque, sino, qué hacemos con los productos que ya están terminados? ¿Tenemos que esperar a que la autoridad nos diga: vende?”, cuestionó Vera.

El funcionario agregó que esta labor de supervisión se complica porque Osinergmin “no cuenta con un equipo técnico especializado” para procesar debidamente toda la información que genera un megaproyecto de la magnitud de la nueva refinería de Talara, “que es único en el Perú”.

Para Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú (ASEEG), el Minem ha hecho muy bien en “tomar el toro por las astas” porque si hubiera dejado la suerte de la refinería en manos de Osinergmin, “el proyecto hubiera empezado a funcionar en el año 3.000 o nunca”.

“Se trata de asegurar el abastecimiento energético y, además, a Petroperú le basta con presentar un certificado internacional expedido por las empresas con las que trabaja para seguir adelante sin necesidad de que Osinergmin los fiscalice”, dijo.

¿DS 003-2023 anticonstitucional?

El DS 003-2023 está dirigido, ciertamente, a beneficiar sólo a la nueva refinería de Talara de Petroperú.

Para el especialista de Gerens, nuestro sistema constitucional no establece discriminación alguna entre la inversión pública y privada, por lo que la norma emitida por el Minem puede ser “tildada de anticonstitucional”.

No obstante, Vera considera que el DS 003-2023 es ser útil para acelerar el desarrollo de otros proyectos en energía que despuntan en el horizonte como el gasoducto sur peruano y la petroquímica de la urea.

Osinergmin precisó, al cierre del informe periodístico, que se encuentra “atendiendo y evaluando las solicitudes remitidas por Petroperú para las aprobaciones que se requiere”, como los informes técnicos favorables para las unidades de proceso, unidades auxiliares, el estudio de riesgos de seguridad y el plan de respuesta a emergencia, así como “la realización de pruebas del sistema contra incendios”.

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