De acuerdo con Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), la reforma aprobada por el Congreso no es inclusiva, tendría un alto costo fiscal a mediano plazo y es limitada en su cobertura.
Tras la segunda votación de la reforma del sistema de pensiones, el pleno del Congreso aprobó la iniciativa que contempla, entre distintos puntos, la prohibición de futuros retiros de la AFP, una propuesta cuestionada por Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Según la especialista, la cobertura del actual sistema de pensiones es limitada y excluyente, ya que no involucra al grupo de independientes ni al sector de trabajadores informales, quienes representan más del 70% de la fuerza laboral del país.
Bernal explica que la agenda política debe tomar en cuenta la seguridad social de la población vulnerable y de este grupo trabajadores, a través de una reforma de cobertura con dos grandes pilares: la transición de los grupos informales hacia la formalización laboral y el soporte orientado a los adultos mayores.
La profesora de Economía de la Universidad del Pacífico considera que, pese a sus aspectos negativos, la reforma incluye un punto positivo, que es la mejora y ligera expansión de Pensión 65. Este programa ha avanzado significativamente en cobertura desde su creación en 2011 y actualmente cubre a más adultos mayores en pobreza extrema que el sistema contributivo.
En contraste, otros componentes de la reforma aprobada, como las garantías de pensiones proporcionales para afiliados de las AFPs y el controvertido aporte por consumo, representan un costo fiscal elevado y no abordan las necesidades de los trabajadores informales.
“Esto resulta una transferencia del tesoro público hacia las cuentas de las AFPs para cobrar comisiones. En mi opinión, es un subsidio a las AFPs, justificada en la narrativa de apoyar a los trabajadores, pero sin contemplar a los informales y a aquellos con menores ingresos y que no pueden consumir y solicitar constantemente boletas de consumo”, expresa Bernal.
Asimismo, la especialista precisa que las actuales medidas de retiros de fondos, tanto de AFP como CTS, responden a un apetito político, presentándose como una fácil modalidad para conseguir votos ante lo atractivo que resulta que la población disponga de más dinero.
“En nuestro país todo se ha distorsionado porque el sistema de seguridad social ya no es un sistema de ahorro para la jubilación. Solo los empleados formales tienen ese recurso a la mano, que ni siquiera alivia completamente un posible periodo de desempleo”, sostiene Bernal, quien enfatiza la necesidad de mayor madurez para dimensionar la importancia de protección social.
