El 21 de diciembre, Indecopi nombrará al sexto liquidador en 9 años, que no tendrá flujo de caja, afrontará el riesgo de perder derechos de concesiones mineras y de beneficio, entre otros.
El procedimiento concursal de Doe Run Perú (DRP) ha cumplido 12 años, y su liquidación 10. El gobierno de Perú Libre, a través del Minem, en su condición de acreedor y presidente de la Junta de Acreedores, no ha podido revertir la crisis.
Tres de cinco liquidadoras que solicitaron al Indecopi su nombramiento, bajo el mecanismo de «Bolsa de Liquidaciones», han quedado en carrera, según dato de esa institución. El Minem en reciente comunicado, muestra optimismo sin reconocer que es responsable de la crisis, sin percatarse que la crisis se agravará más el 2022.
El último capítulo del vía crucis se empezará a escribir desde el próximo 21 de diciembre, cuando Indecopi, días más, días menos, nombre de oficio al sexto liquidador. Entre el 2012 y 2020 los liquidadores fueron Right Business, Profit, Dirige, Carrizales y Alta Sierra.
Al respecto, Juan Cangalaya, asesor de la Asociación de Jubilados de Doe Run Perú, señaló que de nada sirvió la facturación por 5 mil millones de soles en la pasada década.
“Hoy, 3,500 acreedores laborales se quedaron sin empleo. Sus unidades productivas: Cobriza y el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), están completamente paralizadas. El mercado minero y metalúrgico nacional e internacional no han mostrado interés, cinco subastas internacionales quedaron desiertas”, puntualizó.
Para Cangalaya, el panorama para el 2022 se mantendrá sombrío; el nuevo liquidador ya no tendrá un flujo de caja; afrontará el riesgo de que DRP pierda las concesiones mineras y de beneficio por la imposibilidad de pagar esos derechos; y recaerían resoluciones de paralización del Minem por la inminente falta de pago de la garantía del Plan de Cierre.
Cangalaya mencionó que «el estancamiento de la inversión en la minería hace previsible que las subastas de Cobriza queden desiertas, salvo que dos fondos de inversión de Francia e Inglaterra sorprendan con una oferta».
«El nuevo liquidador tendría que prever un “plan B” basado en la dación en pago (DEP) a favor de los acreedores laborales, al igual que lo acordado para el caso del CMLO, pero la desfasada ley concursal le colocará vallas, haría inviable la DEP, propiciaría más bien el chatarreo de los activos”, explicó
Con la DEP los acreedores laborales de Cobriza y el CMLO se convertirán en propietarios, pero su inserción en el mercado será casi una misión imposible. Según estudios financieros la inversión necesaria para la reactivación de la mina bordea los U$ 50 millones, para el CMLO no menos de U$ 109 millones.
El especialista lamentó que «Indecopi ha propuesto cambios a la ley concursal, pero son insuficientes. No se contempla que la participación del acreedor Estado, resta en lugar de sumar a los procesos de liquidación y quiebra».
«Se debería establecer un mecanismo para que la deuda tributaria y de entidades estatales se pongan a subasta pública. En el caso de Doe Run el Minem ha sido un lastre. En los clubs Melgar y Alianza la venta de la deuda estatal demoró innecesariamente muchos años”, finalizó
