El país demuestra avances en las buenas prácticas de la OCDE, pero están pendientes aspectos en materia de regulación para hacer eficiente el desarrollo del sector minería.
De acuerdo a la OCDE, Perú todavía tiene desafíos pendientes que permitan modernizar sus políticas públicas y hagan eficiente el desarrollo de su actividad minera. Así lo afirmó el coordinador del programa de política regulatoria de la OCDE en América Latina, Manuel Flores.
También dijo que el país figura como uno de los primeros países en asumir compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del “Programa País”. En esa línea, desde su vigencia en los últimos años demuestra avances para acercarse a los principios y buenas prácticas de dicha organización.
En su intervención en el “Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad” de PERUMIN 36 Convención Minera, recordó que en junio de 2022 los 38 países miembros adoptaron la “Hoja de Ruta para la Adhesión del Perú a la Convención de la OCDE”, un proceso que comprende compromisos en materia de crecimiento económico, gobernanza pública, anticorrupción y transparencia, capital humano, productividad y medio ambiente.
Entonces, el Perú, al igual que otros países, deben modernizar su política pública, al tiempo que realizan otras mejoras, según la OCDE.
Así, comentó que no se tiene una fecha tentativa para el ingreso de Perú a la OCDE como país-miembro, pues ello implica un proceso que demanda varios años. En el caso de Costa Rica, recordó que este proceso requirió de 6 años para que se convierta en país miembro, mientras que a la República de Colombia 7 años.
“La OCDE tiene principios definidos que fueron implementados con éxito en países como Reino Unido, Australia y Canadá, que demostraron que si son implementados de manera efectiva y eficiente pueden mejorar la competitividad del sector minero”, aseveró.
Competitividad del país
El representante del organismo internacional observó como un aspecto fundamental la identificación de “aquellas regulaciones que son obsoletas y no contribuyen a brindar competitividad para el país y, por el contrario, representan una carga para las empresas y tampoco sirve a la ciudadanía”.
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Dijo que ello implica dejar de lado el trabajo de escritorio desde una oficina gubernamental y, por el contrario, salir al campo para recolectar información y conversar con los grupos de interés, no exclusivamente con las compañías mineras grandes, medianas y pequeñas, sino también con las comunidades, los trabajadores y grupos relacionados con la minería de tal manera que se recabe la evidencia para ver si las regulaciones del sector están cumpliendo su objetivo.
“Las mejores políticas son el resultado del diálogo, consenso y la evidencia internacional”, aseveró Manuel Flores en su intervención.
