En un comunicado, el Ministerio del Interior y el de Defensa recordaron que el bloqueo carreteras es un acto ilegal contra la libertad de tránsito de las personas.
En un comunicado conjunto publicado ayer, los ministerios del Interior y de Defensa anunciaron que la Policía Nacional (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, “efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia” y tomadas por los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Las carteras pidieron a los protestantes a que desistan de “estas medidas ilegales” y permitan “el desbloqueo pacífico” para “evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden, que actuarán en defensa de la legalidad, en el marco del artículo 137 de la Constitución”.
Ambas carteras señalaron que la toma de vías se trata de “un acto ilegal contra la libertad de tránsito, la cual constituye un derecho fundamental (…) y que garantiza la facultad de toda persona para transitar por el territorio nacional”.
“El Código Penal, en su artículo 200°, tipifica como delito de extorsión a quienes, con violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, y establece como sanción entre 5 y 10 años de pena privativa de la libertad”, advierte el comunicado.
Asimismo, señalaron que hasta la fecha diez peruanos han perdido la vida como consecuencia del bloqueo ilegal de carreteras, entre ellos un recién nacido cuya madre no pudo recibir atención médica oportuna en La Libertad, un recién nacido en Puno y un niño de 1 año en Cusco que tampoco pudieron ser atendidos por los bloqueos de vías.
«El derecho a la protesta no faculta la obstaculización de vías, ni mucho menos puede superponerse al derecho a la vida de aquellas personas que requieren ser trasladadas para recibir tratamientos delicados como el oncológico o que necesitan que llegue a sus regiones oxígeno y medicinas para seguir viviendo», señalaron.
