A última hora del jueves, el Gobierno ordenó un toque de queda en 15 provincias, la mayoría en las regiones andinas y rurales del país, en otro esfuerzo por aplacar la protesta.
Reuters.- La justicia de Perú ordenó el jueves una prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, en una jornada en la que murieron al menos siete personas y en la que se agravó un conflicto diplomático de Lima con gobiernos de la región que se oponen a la destitución del líder de izquierda.
Castillo, un profesor de primaria elegido en 2021, fue destituido el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso e intervenir el Poder Judicial de forma ilegal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley fundamentó su decisión en que existe un riesgo de fuga del exmandatario Castillo, que intentó pedir asilo en México, además consideró que hay peligro de que obstruya la justicia si se le deja en libertad.
Castillo cumplía una detención preliminar de siete días tras su destitución por el Congreso, dominado por la oposición, y permanece recluido en una base policial al este de Lima.
Cientos de manifestantes se apostaron fuera de la base policial para reclamar la libertad del exmandatario.
«Lo único que queremos es que se escuche la voz del pueblo, y el pueblo pide restituir a nuestro presidente», dijo Gloria Machuca, en una protesta en otro barrio de la ciudad de Lima.
Tras la destitución de Castillo, quien enfrentaba varias investigaciones por presunta corrupción, asumió al poder su vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte.
La nueva mandataria ha enfrentado desde la caída de Castillo duras protestas, que han dejado 15 muertos en una semana y en las que se demanda un adelanto de las elecciones, el cierre del Congreso, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.
El exmandatario Castillo ha negado las acusaciones de «rebelión y conspiración» y el miércoles, en un mensaje por Twitter, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ONU que «interceda».
Los Gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia dijeron esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de «hostigamiento» político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada» en las urnas.
En respuesta, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi anunció el jueves que llamó a Lima a sus embajadores en los países -gobernados por líderes de izquierda- como «reacción a la intromisión en los asuntos internos» de la nación andina.
El Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado la destitución de Castillo como antidemocrática, ha sido el más crítico del nuevo Gobierno en Perú y no ha reconocido a la presidenta Boluarte.
LAS PROTESTAS NO CEDEN
A diferencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a Castillo, el Gobierno de Chile del mandatario Gabriel Boric ha reconocido a Boluarte, dijo la canciller Gervasi por Twitter el miércoles tras una comunicación con su par chilena.
Gervasi manifestó que ha recibido el respaldo de Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Canadá, Brasil y Estados Unidos.
Entre tanto, las protestas violentas continuaron el jueves, pese a que el gobierno de Boluarte ha decretado el «estado de emergencia» nacional y entregó el control del orden público a las Fuerzas Armadas; además de anunciar que podría adelantar las elecciones generales para fines del 2023.
A última hora del jueves, el Gobierno ordenó un toque de queda en 15 provincias, la mayoría en las regiones andinas y rurales del país, en otro esfuerzo por aplacar la protesta.
Durante el día imágenes de la televisión mostraron duros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que buscaban tomar el aeropuerto de Ayacucho, que dejaron siete muertos y 52 heridos, informó la dirección de salud de la zona.
La Defensoría del Pueblo pidió en un comunicado que las fuerzas armadas dejen de usar armas de fuego y de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. Los aeropuertos han sido uno de los puntos de mayores protestas. Cinco terminales, de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho están cerrados.
El ingreso a la ciudadela inca de Macchu Picchu fue cerrado, informó la dirección de cultura del Cusco, y se reportaron cientos de turistas varados en zonas remotas.
Algunas carreteras permanecían bloqueadas en regiones mineras, afectando el transporte y la logística de metales para proyectos como la enorme mina Las Bambas de MMG Ltd, que suministra alrededor del 2% del cobre mundial.
La presidenta afirmó el jueves en una ceremonia militar que se mantendrá firme en el poder hasta las nuevas elecciones pese a las protestas de «violentistas disfrazados de manifestantes».
«Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo», dijo Boluarte tras pedir al Congreso, dominado por partidos derecha y una de las instituciones más desacreditadas del país, que apruebe rápido su propuesta de elecciones anticipadas.
