Según los resultados del estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú”.
La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de 22,700 millones de soles al año (2.5% del PBI), mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
Así lo señala los resultados del estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” que realizó la consultora V&C Analistas por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que fue presentado en el marco de la 36 edición de Perumin en Arequipa.
Otros indicadores
Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas señaló que la minería ilegal e informal se ha expandido peligrosamente por todas las regiones del país destruyendo los ecosistemas y generando graves problemas sociales, ambientales y económicos en el país.
En ese contexto, alertó que la producción minera no formal, que proviene de las actividades ilegales e informales, ha crecido a una tasa anual de 11.7% durante los últimos 10 años, estimándose que el valor de su producción supera a la del narcotráfico.
“Las actividades de la minería ilegal e informal se realizan sin gestión ambiental ni fiscalización alguna, en condiciones inseguras, con regímenes laborales semi esclavistas”, comentó.
Asimismo, anotó que la minería ilegal está asociada al narcotráfico y otros delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada; y que en la actualidad se ha convertido en una real amenaza para la seguridad nacional.
En cuanto a los impactos ambientales que generan estas actividades ilícitas -dijo- que entre los años 2001 al 2020 se depredaron aproximadamente 2’636,585 hectáreas de bosque, es decir una tasa de 8% anual de deforestación.
“Solo en Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, los daños ambientales causados por la extracción de oro aluvial superarían los US$ 526 millones en el año 2022”, indicó Vera.
“En los últimos 20 años se ha intentado promover la formalización de la MAPE (Minería de oro artesanal y de pequeña escala) a través del Ministerio de Energía y Minas, y en el ámbito de los Gobiernos Regionales, habiéndose logrado formalizar a solo 11,000 mineros a nivel nacional, alrededor del 12% de los inscritos”, explicó.
Propuesta de acción
La minería ilegal viene afectando gravemente la institucionalidad en el Perú, afirmó Vera al señalar que es necesario abordar este problema de forma integral, decidida y coordinada.
“Urge del esfuerzo conjunto y de políticas claras para enfrentar el avasallador avance de la minería ilegal, todos los peruanos debemos cerrar filas contra esta actividad ilegal”, puntualizó.
El estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” informó que recomienda tratar esta problemática desde cuatro componentes: Orden Interno, Marco Normativo y Político, Desarrollo Institucional y Cadena Productiva, todo ello bajo un esquema de desarrollo territorial.
En ese sentido, se plantea se clasifique a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, se diseñe una Política Nacional específica con el fin de combatirla y recuperar la autoridad y el orden interno en las zonas tomadas por esta actividad ilícita.
Todo ello implica también desarrollar acciones conjuntas y coordinadas de interdicción y acción permanente. Al mismo tiempo, se recomienda el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y ponerle fin al proceso extraordinario de formalización, dejando expedita la vía ordinaria para quienes deseen realizar actividades mineras formales.
El especialista manifestó que se requiere afianzar la presencia del Estado, lo que implica reformular y fortalecer el rol rector del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en las tareas de supervisión y seguimiento, así como a las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), asegurando una adecuada provisión de recursos para el monitoreo y fiscalización oportunos, además de capacitación.
En esa línea, además se propone articular el accionar del Estado a través de las instituciones competentes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Inteligencia Nacional, Policía Nacional, Dirección del Medio Ambiente, Procuradurías y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) para la solución de esta problemática.
A propósito de la cadena productiva, se plantea la creación e implementación de un sistema de trazabilidad del oro con participación activa del sector privado, al mismo tiempo que se mejora y diseña el sistema de control de insumos químicos, venta de explosivos y de maquinaria utilizada en estas actividades ilícitas.
Finalmente, se subrayó que será necesario abordar esta problemática considerando la realidad de cada una de las zonas en las que se desarrolla, buscando afianzar elementos que fortalezcan y propicien el desarrollo territorial en cada caso. Lo que, sumado al trabajo articulado y constante en el tiempo, nos permitirá alcanzar soluciones sostenibles.
