Negó absolutamente que su despacho haya dispuesto aprobar y beneficiar de manera directa a una empresa, mucho menos a través de una adenda de contrato BOOT de concesión de distribución de gas natural.
El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, respondió ayer por la tarde el pliego interpelatorio de 56 preguntas, respecto de la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo en la provincia de Melgar y Jatun Ayllu y Chacaplaca en la provincia de Lampa.
Sobre el particular, el titular del Ministerio de Energía y Minas afirmó que desde el momento que asumió el cargo, priorizó la atención de las actividades relacionadas con la contaminación de las fuentes naturales y del medio ambiente.
Precisó que, a pocos días de asumir al cargo, se emitió el Decreto Supremo 020-2022 para atender la afectación de las unidades mineras Florencia Tucari, Arasi y Quiruvilca, y con ello la atención del problema de contaminación de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacaplaca.
“Mi gestión desde el primer día de trabajo se ha abocado a los temas de remediación minera que históricamente se han acumulado a nivel nacional, muestra de ello son las resoluciones emitidas con acciones concretas y el presupuesto para lograrlo”, refirió Vera Gargurevich.
El ministro informó también a la Representación Nacional, sobre la emisión de una resolución ministerial que autoriza la transferencia financiera de S/ 158 millones para financiar 154 proyectos de remediación ambiental para las regiones de Puno, Cajamarca, Junín, Cerro de Pasco, Áncash y la sierra de Lima.
Finalizó negando absolutamente que su despacho haya dispuesto aprobar y beneficiar de manera directa a una empresa, mucho menos a través de una adenda de contrato BOOT de concesión de distribución de gas natural.
“Por lo tanto, no es verdad que se haya ampliado por 10 años algún tipo de contrato a favor de una empresa. Hasta hoy, se ha firmado convenios para la masificación del gas con la regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín”, detalló.
Precisó, en este sentido, que tanto los contratos como las adendas, no son aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas, pues en el proceso intervienen también ProInversión, Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas.