Reciente informe indica que Perú no dispone de recursos fiscales ni privados para descarbonizar su economía a pérdida.
La transición energética en el Perú implica un alto costo y el beneficio en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tiene un bajo impacto, según el estudio «Costos de descarbonizar la economía y frenar la producción de hidrocarburos en Perú», elaborado por Videnza Instituto.
El documento señala que el Perú no dispone de recursos fiscales ni privados para descarbonizar su economía a pérdida. Esto porque los países andinos como Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú son economías altamente dependientes de las rentas de las industrias extractivas, básicamente minería e hidrocarburos.
Costos altos vs. poco impacto
En el caso del Perú, el estudio indica que el costo fiscal de frenar el 40% de la producción de hidrocarburos al 2030, el Estado peruano podría dejar de recibir en regalías S/4,305 millones.
«Después de esta medida se reduciría anualmente 4 millones de toneladas de CO2 que equivaldría al 1.9% del total nacional de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)», indicó Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto.
Detalla que la mayoría de las emisiones de la GEI del país no provienen de la producción y el uso de la energía, sino de los sectores agricultura, forestal y el cambio del uso del suelo, sectores donde debe recaer la mayoría del esfuerzo de descarbonización.
«La deforestación y la agricultura contaminan mucho más que el transporte y la electricidad, entonces uno se preguntaría están las prioridades correctas, en el sitio correcto. Nuestra matriz es bastante limpia y esto nos permite hacer un tránsito a una economía baja carbono aprovechando que tenemos combustible de transición como el gas y energías como la solar y eólica», dijo.
Asimismo, Castilla agregó que si el Estado peruano buscara que los hogares peruanos cambiaran el uso de estufas a gas natural por otras de inducción eléctrica, tendría que otorgar un subsidio de S/1,718 millones, que permitiría una reducción anual de 2.2 millones de toneladas de CO2, que representa el 1.1% del total de gases de efecto invernadero.
De la misma manera, al evaluar el costo esperado de reemplazar el 40% de la capacidad de generación eléctrica a gas natural por fuentes no renovables asciende a S/16,551 millones, con lo cual se reduciría anualmente 4.7 millones de toneladas de CO2, el 2.1% del total de emisiones.
Comentó que el país requiere una política estratégica, un orden para tener un rumbo energético conveniente, ante esta realidad se presentó 6 propuestas para orientar la política energética peruana a través de la iniciativa Rumbo Energético, que forma parte de Propuestas del Bicentenario.
- Aumentar el consumo de energía per cápita; 2. priorizar inversiones con cobeneficios; 3. impulsar una oferta balanceada; 4. invertir solamente en intervenciones energéticas con rentabilidad social y privada; 5. apoyar la producción local de petróleo y gas natural y 6. crear un centro tecnológico en energía que apoye la diversificación productiva.
